Anticorrupción pide 5 años de prisión para Rato pero no ve falsedad en las cuentas de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción cree que Bankia falseó la información en el folleto informativo para su salida a bolsa y los responsables de ello son el que fuera presidente de la entidad, Rodrigo Rato, su vicepresidente, José Luis Olivas, el ex consejero José Manuel Fernández Norniella, y el ex consejero delegado Francisco Verdú.

Según han confirmado fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público va a solicitar en el juicio cinco años de prisión para Rato, cuatro años para Olivas, tres años para Norniella y dos años y siete meses para Verdú, por ser los gestores, los ejecutivos, que se responsabilizan del folleto informativo que se distribuyó con datos falsos sobre la situación de Bankia y que permitió la salida a bolsa de la entidad cuando su situación eran peor de la expuesta.

Esta es la conclusión a la que llega el fiscal encargado del caso, Alejandro Luzón, después de cinco años de instrucción, tal y como lo plasma en su escrito de acusación entregado este lunes al Juzgado Central e Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

El fiscal considera a los cuatro directivos responsables del delito recogido en el artículo 282 bis del Código Penal y que dice: “Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio. En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses”.

Sin embargo, después de toda la investigación, la Fiscalía deja fuera a todos los miembros del Consejo de Administración de Bankia, que fueron imputados desde el inicio. Entiende que si bien puede demostrarse que los datos del folleto informativo que facilitó la salida a bolsa de Bankia se hizo con datos falsos, no se puede decir lo mismo sobre las cuentas de Bankia.

El Consejo de Administración, fuera

Es decir, Anticorrupción considera que las cuentas del año 2012 nunca fueron aprobadas y por tanto no puede haber falsedad de cuentas, que era lo que se achacaba al Consejo de Administración. A nivel mercantil, lo que hubo fue una propuesta sobre las cuentas pero al no aprobarse oficialmente no hay “potencialidad lesiva”.

Es más, esas cuentas luego son reformuladas y, por tanto, no hay falsedad contable, con lo que debe quedar fuera del proceso judicial, según el fiscal, todo el consejo de administración y el auditor de las cuentas de Bankia, que también estaba siendo investigado.

Sin embargo, el resto de acusaciones personadas en la causa sí van a acusar a los miembros del Consejo de Administración, con lo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que resolver si finalmente les sienta en el banquillo de los acusados.

El pasado 11 de mayo, el juez instructor, Fernando Andreu, dictaba el auto de conclusión de la instrucción e incluía en su auto de transformación de los delitos de falsedad en las cuentas y fraude de inversores contra 34 personas que eran administradores o consejeros de Bankia y BFA en los ejercicios de 2010 y 2011.

En su resolución, el magistrado recordaba que el delito de falsedad en las cuentas anuales se imputa a quien falsea los balances y cuentas anuales, como hicieron los administradores de BFA y Bankia, que "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado".

El juez considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida a Bolsa. El delito de fraude de inversores persigue a quienes perjudican los intereses de los consumidores en general, a los llamados inversores. En el caso concreto, según Andreu, no sólo se produjo una falsa información al inversor, "sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, mediante la Oferta Pública de suscripción, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos".

Se ocultó la inviabilidad

Según explica el fiscal en su escrito de acusación, “el problema de Bankia residía en el aspecto clave de cualquier negocio: la rentabilidad, esto es, la incapacidad de la entidad para generar de manera recurrente beneficios de flujos de caja positivos con los que atender a sus acreedores y retribuir a sus accionistas de manera apropiada”.

Se trataba, según el fiscal, de un grupo que tenía una estructura económico-financiera con una importante proporción de “activos poco rentables y pasivos a coste alto”, que generaba pérdidas recurrentes “muy importantes”. “Se ocultó así a los potenciales inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir nuevas ayudas”, recoge el escrito.

“Esta consciente ocultación por parte de los acusados de la verdadera situación de la entidad para afrontar su futuro, con el objetivo de obtener a toda costa los fondos necesarios para cubrir la exigencias de capital requeridas, se tradujo directamente en el perjuicio patrimonial ocasionado a quienes acudieron a la OPS ignorando la capital circunstancia de que BFA/Bankia iba a necesitar a medio plazo mucho más capital adicional para corregir el deterioro imparable de sus activos crediticios”.

Rato engañó

Para la Fiscalía Anticorrupción, como presidente de una entidad a la que, a ojos de buena parte de los inversores minoristas, aportaba el “prestigio” que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional, “Rato encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad”.

El mismo día de la salida a bolsa, Rato insistía en que Bankia tenía “unas premisas de gestión muy claras, centradas en la solvencia, la gestión rigurosa de riesgos en todas las fases del ciclo y la eficiencia y austeridad de costes”. Y añadía que “así es como Bankia pretende crecer y crear rentabilidad de forma sostenible y esto se traducirá en valor para nuestros nuevos accionistas.”

Piden a Guindos y Lagarde como testigos

Las acusaciones del caso ya han presentado sus escritos. En el caso de la Confederación Intersindical del Crédito (CIC) sostiene que “las conclusiones de los peritos, asumidas por el juez instructor, no pueden ser más claras y reveladoras, pues además de confirmar que, con el propósito de ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad, todas las cuentas de BFA-Bankia desde su misma constitución y hasta el rescate de la entidad habían sido manipuladas, concluyen sin género de dudas que la salida a bolsa fue fraudulenta”.

CIC sí acusa a todo el consejo de administración de Bankia de un delito continuado de estafa de inversores y de falseamiento contable en concepto de autores. Por el delito de falseamiento contable, solicita la pena de cuatro años y medio de prisión; y por el delito de estafa de inversores la pena de siete años y medio de cárcel.

CIC, representada por el letrado Andrés Herzog, ha solicitado que sean citado a declarar como testigos el actual ministro de Economía, Luis de Guindos; la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde; el presidente del BBVA, Francisco González; el presidente de La Caixa, Isidro Fainé; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde; o el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, entre otros.