El juez acorraló a Arturo Fernández en busca de pruebas contra Cifuentes

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco avaló el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un presunto delito de prevaricación y por lo que el Instituto Armado ha sido cuestionado por parte de la propia Cifuentes y el Partido Popular.

El mismo día que EL ESPAÑOL -tras el levantamiento del sumario de la pieza de financiación ilegal del PP madrileño en el caso Púnica- adelantó las sospechas de UCO sobre la participación de Cifuentes en el amaño de un contrato en favor del empresario Arturo Fernández, fuentes jurídicas aseguraron que Velasco consideraba que la presidenta no podía ser investigada por la financiación irregular de su partido porque la ley entonces no lo permitía.

Sin embargo, el delito señalado por la UCO era el de prevaricación continuada porque Cifuentes había firmado dos contratos a favor del empresario Arturo Fernández para la gestión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, siendo Cifuentes la presidenta de la Mesa de Contratación y miembro del comité de expertos que debían evaluar las ofertas y decidir al adjudicatario. La Guardia Civil sitúa este amaño como consecuencia de una donación que hizo Fernández a la fundación Fundescam, vinculada al PP, para presuntamente financiar al partido de manera irregular para la campaña de las elecciones autonómicas de 2011.

Cifuentes y su equipo, junto a miembros del PP, salieron rápidamente a la luz pública a decir que el juez no la iba a investigar y que había sido fruto de una mala investigación de la UCO. Sin embargo, el interrogatorio liderado por el magistrado a Arturo Fernández como investigado el pasado 8 de marzo demuestra que el juez se apoyó en las tesis del informe de la Guardia Civil para acorralar al empresario e inculpar a Cifuentes en el amaño de contrato.

El juez analizó que en la fecha que Fernández donó 60.000 euros a Fundescam a través de su empresa, además de 100.000 euros a través de la patronal de empresarios CEIM de la que era vicepresidente, Cifuentes estaba en el patronato de la Fundación y formaba parte del equipo de campaña del PP.

"¿Cree que eso es normal?"

Además, le anuncia a Fernández que Cifuentes presidió la Mesa de Contratación y formaba parte del comité de expertos que le adjudicó el contrato de 2009-2010 y el de 2011-2012 para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Asimismo, Velasco aseguró que la empresa de Arturo Fernández, Cantoblanco, obtuvo mayor puntuación por su experiencia en otras adjudicaciones públicas “cuando eso no se puede hacer”. Además, para contabilizar esa experiencia tuvieron en cuenta otras empresas del grupo de Fernández y no sólo la empresa que se presentaba.

“¿Hubo la mano de algún político?”, le pregunta el juez a Fernández. “¿Cree que es normal que le contara la experiencia de otras de sus empresas?”, le insiste. Velasco sigue apretando a Fernández y le espeta que recibió 25 de los 30 puntos por las certificaciones de la empresa cuando no las había presentado, cuando a las otras empresas que se presentaron al concurso les penalizaron por no presentar las certificaciones.

"¿Cifuentes le pidió la donación?"

“No presentó las certificaciones en el 2011 y le dieron 25 de los 30 puntos. ¿no es un poco irregular eso?”, insiste el juez. “Yo no he amañado nada en mi vida”, respondió el empresario. El juez le llegó a preguntar directamente si Cifuentes había sido la persona que le había pedido en 2007 que hiciera una donación a Fundescam en plena precampaña de las elecciones. Fernández reconoció al juez que "alguien del PP" le pidió que hiciera una donación a Fundescam.

Tras conocerse el informe de la UCO, el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, también salió a la palestra para decir que la Fiscalía no iba a investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta afirmación respaldó aún más la determinación de Cifuentes para ver una conspiración de “fuego amigo” en el trabajo de la Guardia Civil.

Sin embargo, Anticorrupción en un informe posterior al documento de la UCO reconoció el amaño de los dos contratos a favor de la empresa de Fernández en la Asamblea de Madrid. Las fiscales del caso, Carmen García y María Teresa Gálvez, a día de hoy no han informado sobre la presunta implicación de Cifuentes. Además, una vez que Moix ha abandonado la jefatura de la Fiscalía tras tres meses en el cargo, la posición de la dirigente 'popular' vuelve a quedar en vilo.

Fuentes próximas a la investigación aseguran que tanto la UCO como juez y fiscales habían mantenido varias reuniones para articular la investigación a Cifuentes. El primer paso debía ser el informe del Instituto Armado. Tan sólo cinco días después de que los investigadores firmasen esas conclusiones, tanto el juez Velasco como las fiscales encargadas del caso emitieron sendos escritos en los que avalaban la tesis de la UCO.

Cifuentes debía saber la manipulación

El 27 de marzo la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil realizó un segundo informe en el que apuntalaba aún más sus sospechas contra Cifuentes tras tomar declaración a las personas que integraban junto a ella el comité de expertos. A juicio de los investigadores, la mandataria madrileña tuvo que saber que habían sido manipulados los informes por los que se otorgó la cafetería de la Asamblea al citado empresario.

“A juicio policial, el análisis efectuado al contenido de las referidas declaraciones avalaría aún más las conclusiones apuntadas en el informe policial número 33 de fecha 1 de Marzo de 2017 respecto a una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco(de Arturo Fernández) en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”, zanja la Guardia Civil en referencia a las adjudicaciones de 2009 y 2011.

Después de ese informe, fuentes del entorno de Velasco aseguran que la investigación a Cifuentes estaba en curso. En medio de este asunto, explotó la Operación Lezo, por el que se detuvo al antecesor de Cifuentes en el cargo, Ignacio González, siendo Eloy Velasco el mismo juez instructor. Tras conocerse las maniobras de González para intentar echar a Velasco de la Audiencia Nacional, y tras las presiones vividas en aquellas semanas por parte del Ejecutivo para rebajar el caso Lezo, el magistrado decidió solicitar una plaza para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional -de reciente creación-, y que se la ha concedido.

Ahora, está pendiente de que llegue al Juzgado el titular oficial de esa plaza, Manuel García Castellón, que lleva 17 años fuera de la instrucción con plazas de juez de enlace en Francia y en Italia. A sus 64 años ha decidido regresar y asumir los principales casos de corrupción que acechan al partido del Gobierno.

Asimismo, Moix ha abandonado su cargo tras conocerse que poseía el 25% de una sociedad panameña y con una situación muy crítica tras ser reprobado por todos los partidos de la oposición, junto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las presiones a las que han sometido a los fiscales que luchan contra la corrupción del PP.

Más documentación sobre Cifuentes

Cifuentes tiene que esperar ahora al nuevo juez y al nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, que deben decidir si hay que seguir adelante con las sospechas de la UCO. Fuentes jurídicas aseguraron recientemente que todavía hay mucha documentación por analizar respecto a este contrato que podría dar más sorpresas a la dirigente madrileña.

Los agentes creen que hay indicios para sospechar que la adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”. A juicio de la investigación policial, hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al grupo Cantoblanco.

Esta intención se articuló "a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones donde se ponen de manifiesto actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización, de la que puede inferirse el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos”.