"Sería bueno un nuevo Estatuto del Ministerio Público que introduzca un filtro parlamentario en la designación del fiscal general", afirmó este martes la fiscal Consuelo Madrigal, la primera mujer que dirigió la Fiscalía (enero de 2015-noviembre de 2016) y que, contra todos los pronósticos, no fue renovada en el cargo por el nuevo Gobierno de Rajoy.
Madrigal, que se jugó el cargo al no admitir algunas exigencias del Ejecutivo en materia de nombramientos -en particular, la salida de Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- aceptó intervenir en un coloquio sobre la reforma del Ministerio Fiscal organizado por la fundación Hay Derecho.
Tras manifestar su "preocupación" por la "marcha, debilidad y el futuro de las instituciones", la exfiscal general sostuvo que "todos los poderes tienden a acaparar más espacio del que les corresponde".
En referencia al Ministerio Público, defendió la necesidad de que el Parlamento tenga una mayor intervención en el procedimiento de designación del máximo responsable de la institución, mucho más allá de la actual comparecencia ante el Congreso del candidato propuesto por el Gobierno, lo que calificó de "paseo".
Madrigal se mostró partidaria de una reforma del estatuto de los fiscales que permita que "el fiscal general salga de las urnas de alguna manera, que obtenga su legitimación democrática de la Cámara".
"Se puede reforzar la intervención del Congreso con una mayoría privilegiada", dijo Madrigal. El grupo parlamentario de Ciudadanos acaba de presentar una proposición en la que plantea que el candidato del Gobierno a la Fiscalía General tenga que se ratificado por una mayoría de 2/3 de la Cámara Baja para acceder al cargo.
Otra medida para reforzar la autonomía sería, a su parecer, prolongar el mandato del fiscal general más allá de una legislatura (en la actualidad es de cuatro años y cesa con el Gobierno que le nombra) porque "disuadiría de la politización del cargo" no sólo por parte del Ejecutivo sino también por "los partidos de la oposición, que hacen una política de desgaste del Gobierno a través de la Fiscalía".
Consuelo Madrigal propuso, asimismo, "regular y hacer transparentes" las relaciones del fiscal general con el Gobierno "para conjurar toda orden, toda instrucción"; reconocer a la Fiscalía autonomía presupuestaria; fortalecer el papel del Consejo Fiscal e introducir "una baremación de méritos" para reglar los nombramientos de los cargos discrecionales de la carrera.
A su juicio, el proyecto de atribuir a los fiscales la investigación de los delitos "necesita una Fiscalía fuerte" en la que, entre otras medidas, se proteja de "injerencias externas e internas" al fiscal encargado de un caso. "Si no es así", dijo, "es mejor que nos dejen como estamos".
En el acto intervino también el fiscal del Supremo Salvador Viada, dirigente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. "Hay que acabar con el nombramiento del fiscal general por el Gobierno", manifestó Viada, que señaló que ésa es la base de cualquier reforma que pretenda prestigiar la Fiscalía y convertirla en una institución en la que los ciudadanos puedan confiar. "Si el fiscal general es una persona de la confianza del Gobierno no hay nada que hacer, cambiemos lo que cambiemos", añadió.