El hombre fuerte de La Sexta, Mauricio Casals, imputado en la trama de influencias de Pérez Dolset

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga al hombre fuerte de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco de la denominada ‘operación Hanta’ desplegada este jueves por la Fiscalía Anticorrupción. Se investiga una presunta trama dedicada a obtener subvenciones públicas en favor de ZED, empresa española pionera en Internet cuyo fundador, Javier Pérez Dolset, ha sido detenido un presunto delito de insolvencia punible.

Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes policiales, el magistrado citará a Casals para tomarle declaración. Los investigadores creen que el empresario de la comunicación hizo uso de sus contactos en el Gobierno y varios ministerios, principalmente en el Ministerio de Industria, para favorecer a Javier Pérez Dolset con subvenciones públicas y préstamos.

ZED se encuentra actualmente en concurso de acreedores después de ser una compañía líder en su sector y que llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de euros. Tras un año de investigación de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, a Pérez Dolset se le acusa de vaciar su propia compañía en detrimento del resto de los accionistas.

De este modo, la figura de Mauricio Casals vuelve a estar envuelta en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción apenas unos meses después de la ‘operación Lezo’ en la que fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional también en calidad de investigado, acusado de un presunto delito de coacciones y obstrucción a la Justicia.

A Casals se le acusaba junto al director de La Razón, Francisco Marhuenda, de haber participado en presiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes en el intento de que no remitiese a la Justicia información del Canal de Isabel II que afectaba a Edmundo Rodriguez Sobrino, directivo de la empresa pública de aguas y al mismo tiempo consejero de La Razón. Finalmente, tras prestar declaración y una vez que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco escuchó también a Cifuentes, retiró la imputación a Casals.

Pese al archivo de esta parte de la causa, el caso Lezo sirvió para acreditar la red de contactos que atesora Casals en los ámbitos del poder y el Gobierno. Según la Guardia Civil, el principal acusado de caso, Ignacio González, recurría a Casals en busca de inmunidad mediática -para que los medios del grupo Atresmedia no difundiesen noticias negativas contra él- y también para lograr inmunidad judicial, un mundo en el que Casals también goza de influencia a juicio de los investigadores.

En una de las conversaciones del caso Lezo intervenidas por la UCO de la Guardia Civil se escuchaba como Ignacio González confesaba que Casals le había contado que “una magistrada amiga de la casa” le había advertido de que tenían los teléfonos intervenidos cinco meses antes de la operación que se saldó el 19 de abril con varias detenciones incluyendo la de Ignacio González y la de Edmundo Rodríguez Sobrino.