La empresa española Zed Worldwide (ZED) está hoy en problemas después de que el pasado jueves su máximo responsable, Javier Pérez Dolset, fuera detenido y enviado a prisión por orden de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Hanta. La Fiscalía Anticorrupción, junto a la Policía (las unidades UDEF y UDEV), ve tres tramas vinculadas a la compañía, pionera en Internet en España y que llegó a estar valorada en 1.000 millones de euros.
La primera de ellas es el estrangulamiento de la compañía de sus socios rusos que les ha llevado a declarar el concurso de acreedores y que salpica al hijo del actual ministro de Interior ruso; la segunda es el propio vaciamiento de la compañía por parte de los máximos accionistas españoles, los Pérez Dolset, que han podido desviar a Panamá 100 millones de euros; y la última es el presunto cobro de subvenciones irregulares concedidas por los ministerios de Industria y Economía y valoradas en 69 millones de euros.
En esta última trama aparece implicadoMauricio Casals, presidente del diario La Razón (Grupo Planeta) y uno de los hombres con más influencias políticas en el mundo de los medios de comunicación. La investigación le sitúa como la persona que habría conseguido la financiación con dinero público para ZED a través del tráfico de influencias.
El origen de los problemas de la compañía comienzan cuando ZED España se unió empresarialmente en el año 2009 con el Grupo Tema, vinculado a Mikhael Fridman, considerado el segundo hombre más rico de Rusia. El objetivo de este acuerdo era ayudar a los rusos en un contrato de “agregación de contenido” que habían firmado con otra compañía, Vimpelcom, y que no tenían capacidad para hacerlo.
Estructura de los socios rusos de ZED.
Después de esa unión empresarial, el Grupo ZED, entre los años 2009 y 2013, incrementó sus ingresos en un 43%. En el año 2012, sus ingresos por vía del Grupo Tema fueron de 75 millones de euros. En ese mismo año, la empresa española, liderada por Javier Pérez Dolset, decidió junto a su socio ruso, Vage Engibaryan -también investigado-, crear ZED+, con sede en Holanda.
Según se desprende de la investigación, Planeta -uno de los principales accionistas de ZED con un 20%- mostró sus reticencias comerciales a intercambiar sus acciones por las de ZED+, motivo por el que no se incorporó como accionista en el holding holandés. Desde entonces, Planeta inició una guerra judicial con Pérez Dolset, acusándole de vaciar la empresa y haciéndole responsable de un perjuicio económico para la compañía editorial de la familia Lara de 120 millones de euros.
A la vista de su crecimiento, la nueva compañía unificada quiso salir en la bolsa norteamericana, en le mercado Nasdaq. La operación se llamó “Proyecto Zeus”. Para ello, solicitaron un crédito sindicado internacional de 140 millones de euros. 18 millones de euros fue aportados por Amsterdam Trade Bank NV, filial de Alfa Bank Amsterdam Trade Bank, propiedad de un grupo dominado por Fridman.
“De esta manera, Fridman, con el consentimiento de los socios españoles, se aseguró una posición dominante respecto del conglomerado empresarial vinculado al Grupo ZED. Esto se tradujo de forma efectiva en una posición de privilegio frente a cualquier tipo de decisión del grupo, en la medida que participaba en el accionariado de ZED + y al mismo tiempo era uno de los principales acreedores de la compañía”, recoge la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
“Reiderstvo” o asfixia financiera
Las relaciones entre Pérez Dolset y los rusos se fueron complicando hasta que el pasado año el empresario español acudió a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar que estaba sufriendo ataques contra su seguridad personal e intimidad, además de ataques informáticos. También denunció que el fin de estos ataques era la “asfixia legal y financiera de la empresa”, lo que en el entorno criminal ruso se llama “reiderstvo” o “raiding”, que significa asalto, ataque o absorción ilegal de empresas.
Proceso de asfixia a ZED
Para ello, se utilizan tácticas convencionales como el fraude, obstrucción a la Justicia, coacciones y amenazas en conjunción con resoluciones judiciales y/o corporativas, control de las decisiones de consejos y juntas de dirección, restricción de flujos de liquidez o congelación de operaciones propias de la actividad lícita de la empresa. Se trata, en definitiva, de un “ataque organizado contra una empresa u organización con el fin de su incautación, interrumpiendo el curso ordinario de los negocios”.
El hijo del ministro, en el origen del conflicto
Los investigadores sitúan el inicio del conflicto en el año 2013. De acuerdo con la documentación aportada por el propio Dolset a la Fiscalía, hubo una reunión en febrero de 2013 entre el máximo responsable de una de las sociedades rusas vinculadas a ZED+ con Aleksander Vladimirovich Kolokoltsev, hijo del actual ministro de Interior de Rusia con el Gobierno de Vladimir Putin.
En ese encuentro, este último manifestó que Funbox Group (compañía en la que tiene intereses económicos) estaba siendo injustamente tratada por el Grupo Tema. Posteriormente, la auditoria Price Water House Coopers (PwC) realizó un informe del que se extrae que el Grupo Tema -con el que se alió ZED- tenía externalizado parte de su trabajo a dos sociedades, Funbox Goup (vinculado al hijo del ministro ruso) y Vstrecha. Las trabajos pagados a ambas fueron sobrevalorados.
Según Pérez Dolset, esta mercantil se usó de forma encubierta para pagar comisiones a Aleksander Kolokoltsev, basadas en las “conexiones públicas” que éste tenía.
De las investigaciones realizadas por PwC, se desprende que los socios españoles no dispusieron de suficiente información sobre las operaciones realizadas por el grupo Tema, controladas por Vage Engibaryan.
El Grupo Tema pretendió reducir las pretensiones económicas del hijo del mandatario ruso, del equipo de Vladimir Putin, por no existir una razón comercial para continuar pagando los porcentajes que se abonaban. “La consecuencia inmediata de esta decisión, fue que Vimpelcom remitió tres cartas de terminación de contratos del Grupo Tema. Estos contratos eran su principal fuente de ingresos”, recuerda la Fiscalía. Esta rescisión de contratos desembocó en un perjuicio para el grupo ZED.
Trama rusa de Operación Hanta.
Para continuar con esa estrategia de ahogamiento, Engibaryan presentó dos demandas contra ZED+, que llevó a la Justicia holandesa a nombrar como administrador de la compañía a Peter Wakkie, detenido el pasado enero en el aeropuerto de Madrid para interrogarle en el marco de estas pesquisas. Según los investigadores, este administrador no actuó con la imparcialidad debida y favoreció a Engibaryan, el ruso investigado por asfixiar financieramente a ZED.
“Wakkie ejerció su cargo con parcialidad, no comprobó ni el presunto desvío de fondos a través de Funbox, ni las presuntas responsabilidades en las que pudo incurrir el director general de Temafon, así como el perjuicio que dichas actuaciones podrían haber ocasionado a ZED+”, recapitula la Fiscalía.