La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido aumentar en tres años y siete meses de prisión la pena impuesta a Iñaki Urdangarín por delitos de malversación y uno de fraude a la Administración por el caso Nóos, referido a la adjudicación a dedo de contratos públicos a una entidad -el Instituto Nóos- que supuestamente no tenía ánimo de lucro y estaba dirigida por el esposo de la infanta Cristina de Borbón.
De prosperar la tesis de la Fiscalía, la condena total al cuñado del Rey se elevaría a 10 años de cárcel. La Audiencia Provincial de Palma le impuso el pasado 17 de febrero seis años y tres meses de prisión y una multa de 512.553 euros por delitos de prevaricación en concurso con falsedad documental y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos fraudes tributarios.
El fiscal del Supremo pide elevar a 14 años y medio de prisión la condena a Iñaki Urdangarín
Una política de comunicación de la Fiscalía que, de forma benévola, puede calificarse de delirante hizo que todos los medios de comunicación, apoyándose en fuentes oficiales, informaran de que la pena total instada para Iñaki Urdangarín en el trámite de casación ascendía a 14 años y medio de prisión.
Los errores, cambios, rectificaciones y respuestas a destiempo por parte de la Fiscalía fueron constantes desde que a media mañana trascendió la existencia del informe, lo que llevó a difundir una información equivocada respecto a un proceso penal de alta trascendencia.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la pena de dos años y ocho meses impuesta al esposo de la infanta Cristina por el primer grupo de delitos (malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental) debería elevarse a cuatro años y seis meses debido a la notoria importancia de la cantidad malversada.
Los hechos se refieren a la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Turismo y al diseño y desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de Baleares. De acuerdo con los hechos probados en la sentencia de la Audiencia de Palma, Urdangarín presionó al entonces director general de deportes del Gobierno autonómico, José Luis Ballester, para el pago de facturas pendientes por un valor total de 620.000 euros sobre las que habían surgido desavenencias entre el Instituto Nóos y la Administración balear porque "los servicios comprometidos no habían sido ejecutados".
La cantidad fue finalmente abonada ya que Jaume Matas, "interesado en evitar controversias ante el inminente compromiso electoral al que concurría como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Baleares, accedió al pago con el cumplido conocimiento de que tales prestaciones convencionales no trascendieron más allá de una fase preliminar y nunca llegaron a ejecutarse de forma efectiva".
En contra del criterio de la Audiencia balear, que condenó por el tipo básico de malversación, el recurso de casación promovido por la Fiscalía del Supremo sostiene que concurren los dos factores que permitirían ir al tipo de agravado: la entidad de la cuantía malversada y el entorpecimiento producido en el servicio público.
Un segundo delito de malversación
El fiscal aprecia, además, un segundo delito de malversación por el que debería ser condenado Urdangarín y del que la Audiencia de Palma de Mallorca le absolvió. El fiscal considera que el cuñado de Felipe VI debe ser condenado a cinco años más de cárcel por el "ilícito apoderamiento de fondos" en la primera edición del Fórum Islas Baleares, celebrada en 2005 y por la que el Instituto Nóos percibió 1,1 millones de euros.
La Audiencia no vio aquí delito porque "el evento se realizó" y "no ha resultado acreditado" que el dinero entregado a Nóos "fuera distraído y no aplicado a los gastos" ocasionados por la celebración.
Para la Fiscalía, sin embargo, el contrato se adjudicó al Instituto Nóos "prescindiendo deliberadamente del procedimiento administrativo correspondiente, conculcando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad", "la autoridad y los funcionarios públicos se aprovecharon de su posición de gestores de intereses públicos para anteponer los intereses privados" de Urdangarín y "no se presentó, en su momento, por parte del entramado Nóos justificación alguna del destino de los fondos públicos percibidos".
La pena que se pide para esta malversación (que subsumiría a la primera al ser continuada) supondría para el cuñado de Felipe VI cinco años de prisión.
Rebaja incorrecta
El recurso de casación sostiene, además, que la Audiencia aplicó a Urdangarín de forma incorrecta una rebaja de la pena correspondiente al delito de fraude a la Administración, que debería pasar de siete meses de cárcel a dos años.
Respecto a las penas de tráfico de influencias (un año de cárcel) y delito fiscal (dos años), el fiscal pide su mantenimiento.
De ser estimado, el recurso de casación de la Fiscalía supondrá incrementos de pena tanto para el socio de Urdangarín, Diego Torres, como para el expresidente balear Jaume Matas, así como la condena de cuatro funcionarios de la Administración autonómica valenciana que fueron absueltos por la Audiencia de Palma.