Alejandro Luzón será el próximo jefe de la poderosa Fiscalía Anticorrupción si, como es previsible, el Gobierno acepta la propuesta que le hará el fiscal general, José Manuel Maza.

Luzón, miembro de la plantilla fundadora de esa Fiscalía especial con Carlos Jiménez Villarejo, ha logrado el respaldo mayoritario del Consejo Fiscal, reunido este miércoles. Los seis vocales de la Asociación de Fiscales, la más representativa de la carrera, y los dos miembros natos del Consejo (el teniente fiscal, Luis Navajas, y el fiscal inspector, Fausto Cartagena) han apoyado a Luzón, tal como adelantó EL ESPAÑOL. Los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales han apoyado al fiscal de Sala Pedro Crespo.

Se pone, así, fin a la crisis desatada con el último fiscal jefe, Manuel Moix, que tuvo que dimitir tras la polémica por la herencia de una sociedad creada en Panamá por su padre. Luzón, a diferencia de Moix, es un hombre 'de la casa', en la que ha trabajado 20 años.

Durante ese tiempo logró junto a Daniel Campos la condena del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán por la apropiación de fondos reservados, la primera sentencia condenatoria obtenida por Anticorrupción.

Después siguieron los casos de Alierta, Afinsa, tarjetas black o Bankia. 

Luzón ingresó por oposición en la carrera fiscal en 1989 y, salvo una etapa inicial en las Fiscalías de Toledo y Madrid, siempre ha estado destinado en Anticorrupción. En enero de 2015 fue designado teniente fiscal de la secretaría técnica del fiscal general. Su nombramiento ahora como fiscal jefe anticorrupción supone su ascenso a fiscal de Sala, la primera categoría de la carrera.

En su programa de actuación, conocido por EL ESPAÑOL, Luzón se refiere de forma reiterada a la necesidad de lograr ser eficientes en la tramitación de los procesos sobre corrupción, "reforzando el proceso de control".

La excesiva duración de los procesos es uno de los talones de Aquiles de esa Fiscalía especializada. Luzón admite que la carga de trabajo creciente la ha colocado en una "situación próxima a la saturación, con el riesgo cierto de caer en la ineficacia".

Afirma por ello que, de no producirse el necesario incremento de la plantilla de la Fiscalía, la característica de la "especial trascendencia" que han de tener los asuntos que se le encomiendan "habrá de apreciarse en el futuro con especial rigor, atendiendo a los casos que verdaderamente justifiquen su intervención".

A su juicio, "abreviar la tramitación de las causas es uno de los principales retos pendientes en la Fiscalía Anticorrupción". 

"Es posible acortar la duración de los procedimientos mediante su adecuado seguimiento y control", expone en su programa, "evitando agotar la instrucción con diligencias que se pueden practicar, en su caso, en el juicio oral y renunciando a líneas de investigación colaterales a los hechos investigados que demoran la conclusión del procedimiento sin aportar valor a la acusación".

El documento también se refiere a la política de comunicación de la Fiscalía Anticorrupción, señalando que "es esencial cuidar al máximo la procedencia y oportunidad de las comunicaciones, evitando las eufemísticamente llamadas 'filtraciones' de 'fuentes próximas a la Fiscalía' que facilitan a los medios de comunicación información secreta o reservada o, sencillamente, actuaciones, posiciones o discrepancias en el seno de la Fiscalía que deben quedar fuera del conocimiento público".