En tan sólo tres años, entre 2009 y 2011, el Ministerio de Industria concedió al menos 55 millones de euros que están en la lupa judicial por ser irregulares. En esas fechas, el ministro era el socialista Miguel Sebastián y quien en última instancia sería el responsable de que su Departamento hubiera concedido subvenciones saltándose la normativa para beneficiar a diversas empresas o personas vinculadas al PSOE.

En este último mes se han conocido dos investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a la “presunta participación de autoridades y cargos públicos" del Ministerio de Industria "en el concierto dirigido a financiar con fondos públicos”. Por un lado, los investigadores sospechan que desde el Departamento de Sebastián se entregó 31 millones de euros a la mutualidad de mineros asturianos, Montepío, para la construcción de una residencia de ancianos. La investigación apunta a que más de la mitad de la subvención se repartió en comisiones, entre otros, al histórico sindicalista asturiano, José Ángel Fernández Villa.

Por otro lado, también desde el Ministerio que dirigía entonces el socialista Miguel Sebastián, se concedieron durante su mandato 24 millones de euros a la empresa tecnológica ZED en concepto de subvenciones y de créditos. La Audiencia Nacional sospecha que desde el Ministerio, concretamente desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se favoreció a la empresa dirigida por Javier Pérez Dolset -en prisión desde el pasado 30 de junio- tras la intermediación del presidente del periódico La Razón y hombre fuerte del grupo de comunicación Atresmedia, Mauricio Casals.

Mover voluntades

Este profesional de los medios de comunicación habría utilizado sus influencias para que desde Industria se favoreciera a ZED, empresa en la que el grupo Planeta (propietario de Atresmedia) había invertido hasta 120 millones de euros. En el caso de ZED, Anticorrupción sospecha que el total de subvenciones recibidas de manera irregular han ascendido a 70 millones de euros de los cuales 24 millones son de la época de Sebastián en el Ministerio.

Esta empresa tecnológica recibió esas subvenciones mediante una serie de irregularidades. Primero, a través del falseamiento de las condiciones necesarias para la concesión de las ayudas públicas. Segundo, por la utilización de un círculo de influencias con capacidad de penetración en las Administraciones Públicas para mover voluntades de los responsables públicos, con el fin último de obtener fondos públicos para la ejecución de proyectos ficticios. Y último, a través de la elusión o supresión de las medidas de control para la adjudicación de las subvenciones, así como del control posterior para fiscalizar el resultado el trabajo ejecutado con fondos públicos.

De abajo arriba

Por ahora, ambas investigaciones se han centrado en los responsables de recibir las subvenciones irregulares. Aún así, en ambas querellas de la Fiscalía Anticorrupción se apunta ya a posibles responsabilidades dentro del Ministerio. Será en el desarrollo de la investigación cuando se determine hasta dónde se llega y si puede afectar al ministro de entonces. Como en la mayoría de las investigaciones judiciales, se comienza por los cargos inferiores dentro de la Administración Pública para tirar hacia arriba.

En el caso de la Operación Hulla, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo (Asturias), se sospecha que la subvención de 31 millones de euros a Montepío pudo ser una orden desde el propio PSOE para favorecer a Fernández Villa, a quien se le atribuye desde hace mucho tiempo la capacidad de “poner y quitar” a presidentes autonómicos en Asturias. La minería en esta comunidad ha sido una de las principales fuentes de ingresos y el poder de Fernández Villa como máximo representante sindical del SOMA-UGT durante 40 años ha quedado patente a lo largo de todo este tiempo.

Alerta de la inteligencia financiera

La investigación al sindicalista asturiano se inició a raiz de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), del Banco de España, que informó de que Fernández Villa había intentado regularizar 1,2 millones de euros de procedencia sin justificar. Inicialmente, intentó acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro alegando operaciones mercantiles. Al no funcionarle, alegó una herencia, que no ha podido ser justificada.

En el caso de esta subvención, fue aprobada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería de Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria, para la construcción de la Residencia de Mayores de la Minería en Felechosa-Aller. Los fondos públicos fueron a la mutualidad Montepío, y ésta adjudicó para la construcción a la empresa Alcedo de los Caballeros SL, cuyo administrador desvió fondos en connivencia con el presidente de Montepío, José Antonio Postigo, y el propio Fernández Villa.

En esta investigación se considera con “posición nuclear” de las irregularidades, al gerente de IRMC, Carlos Fernández, quien concedió la subvención a pesar de que no se cumplía uno de los principales requisitos, que los fondos públicos fueran para una sociedad sin ánimo de lucro. Según los investigadores, el IRMC no efectuó la comprobación material de la inversión a la que se ha destinado la subvención.

El Ministerio no controló

Según la Fiscalía, prueba del carácter comercial del proyecto, lejano de la naturaleza de Montepío como entidad sin ánimo de lucro y por tanto del fin de la subvención, lo constituye la memoria técnica del proyecto, en la que se orienta al disfrute del centro de hidroterapia a personas ajenas a la residencia. Ello explica que los ingresos de no mutualistas que recibe Montepío por la explotación de la residencia entre 2012 y 2015 ascendieron a unos 618.000 euros, el 15% del total.

“La connivencia llegó hasta el extremo de que mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención cercana a los 31 millones de euros, y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto, el Montepío ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra, y dicha obra había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas”, recoge la querella de la Fiscalía Anticorrupción.