El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la información sobre el acto de homenaje tributado al etarra Felipe San Epifanio, alias Pipe, tras su excarcelación el pasado 14 de julio en Bilbao. Considera que el recibimiento brindado al histórico miembro de ETA y exjefe del comando Barcelona podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas o de sus familiares.
San Epifanio salió el pasado viernes de la prisión Herrera de la Mancha (Ciudad Real) tras cumplir 23 años de los 250 a los que fue condenado por distintos atentados. Horas más tarde fue recibido en Bilbao por familiares y simpatizantes que llevaban ikurriñas con un pasillo de honor en la calle María Díaz de Haro del barrio de Indautxu de la capital vizcaína. La recepción de bienvenida incluyó también un aurresku y según muestran distintas fotografías el etarra accedió a un escenario que compartió con una decena de personas que portaban imágenes de tres presos de la banda terrorista encarcelados. Otros asistentes mostraban banderas en pro del acercamiento de los reclusos.
El homenaje fue difundido por la izquierda abertzale a través de las redes sociales. La página oficial de su partido, Sortu, mostró varias fotografías del recibimiento y se congratuló por el regreso de San Epifanio a la capital vizcaína.
La Delegación del Gobierno se hace eco de la “especial publicidad” conferida al acto y considera que el homenaje comporta “un flagrante atentado” contra la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA al vulnerar la ley estatal de protección de 2011 y la autonómica de 2008. Igualmente estima que podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas y sus familiares según lo dispuesto en el artículo 578 del Código Penal. Por estos motivos traslada lo hechos a la Fiscalía para que ejercite “las acciones oportunas”.
“Pipe” San Epifanio, exmiembro de la Mesa Nacional de HB, fue parlamentario vasco entre 1987 y 1990. Un año después huyó a Francia para integrarse en las filas de ETA y formó parte del comando Barcelona hasta su detención el 28 de abril de 1994 en la ciudad condal. Participó en el asesinato del coronel Leopoldo García y en la colocación de artefactos explosivos en dos restaurantes del Puerto Olímpico de Barcelona. Las bombas hirieron a cinco personas, una de ellas una mujer embarazada que perdió el hijo que esperaba. Se le atribuyeron también otras acciones criminales, como un atentado contra policías y la extorsión a empresarios.
Fue condenado a un total de 250 años de prisión, de los que cumplió 23, y salió de la cárcel ocho antes de la fecha que le había sido fijada inicialmente por redenciones ordinarias y extraordinarias conseguidas al amparo del Código Penal de 1973 y como consecuencia de la derogación de la Doctrina Parot. No consta que se haya arrepentido de sus delitos.
“ONGI ETORRIS” HABITUALES
Los “ongi etorris” o actos de bienvenida tributados a los presos de ETA que abandonan la cárcel constituyen un punto de fricción en el País Vasco. El PP y algunas asociaciones de víctimas, con la especial beligerancia de Covite, consideran que son una prueba inequívoca de la existencia de una minoría que sigue respaldando a la banda terrorista ante la pasividad del Gobierno vasco y su departamento de Derechos Humanos.
Tanto el partido de Alfonso Alonso como el Colectivo de Víctimas han incidido en este punto al mostrar su total discrepancia con el proyecto del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 del Ejecutivo de Urkullu presentado a comienzos de abril y en fase ahora de alegaciones.
El PP critica que el plan no repare en los actos de exaltación y homenaje a ETA, con la participación incluso de menores, ni en los actos de intimidación contra la Guardia Civil; mientras que Covite inicide en la “irresponsabilidad” de la Secretaría dirigida por Jonan Fernández “al obviar los crecientes episodios de culto al terrorismo” que se suceden en el País Vasco.