La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha reiterado la solicitud que formuló el pasado 26 de mayo para que la consejera Margarita Mariscal de Gante proponga a la comisión de gobierno del tribunal el nombramiento de un instructor que investigue la posible responsabilidad contable del expresidente de la Generalitat Artur Mas por los fondos públicos destinados a financiar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
A Mariscal de Gante le ha correspondido el conocimiento de la denuncia presentada el 18 de mayo por Sociedad Civil Catalana contra Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs como responsables del menoscabo de fondos públicos que, según los denunciantes, se produjo al destinar "un importe no inferior a 5.129.833 euros" a actuaciones relacionadas con una consulta ilegal, "desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el TC".
La pretensión de Sociedad Civil Catalana es que el Tribunal de Cuentas (TCu) inicie un procedimiento que acabe condenando a los denunciados al reintegro de las cantidades indebidamente empleadas para el 9N. Antes incluso de que haya sentencia, la ley de funcionamiento del TCu otorga al delegado instructor la facultad de imponer a los presuntos responsables durante la fase de instrucción una fianza, bajo apercibimiento de embargo.
Sin embargo, dos meses después de la interposición de la denuncia el TCu no se ha pronunciado sobre el nombramiento del instructor, que normalmente recae en un funcionario del propio tribunal. Mariscal de Gante debe decidir si archiva el escrito de Sociedad Civil Catalana -como le ha pedido la Generalitat- o se dirige a la comisión de gobierno del TCu para que designe al instructor, pero antes tiene que solventar la controversia que se ha entablado entre la Generalitat y la Abogacía del Estado sobre la legitimación de esta última para intervenir en las actuaciones.
La Generalitat está retrasando la decisión sobre el inicio de la investigación contable -que, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, está tomada y será comunicada en breve- con sucesivos escritos y recursos con los que se opone en duros términos a la intervención del abogado del Estado.
"Interferencias"
En un escrito presentado el 2 de junio, el abogado del Estado jefe ante el TCu, Javier Borrego, pidió que se le diera traslado del escrito de Sociedad Civil Catalana para poder formular alegaciones "en la medida en que esta acción pública pudiera afectar a fondos de carácter estatal". La decisión del secretario del departamento de enjuiciamiento de Mariscal de Gante de enviar la denuncia al abogado del Estado desató la ira de la Generalitat, que el 13 de junio se dirigió el TCu para manifestar que la intervención de la Abogacía del Estado "es absolutamente improcedente y supone una interferencia totalmente injustificada" ya que en el 9N "no se vieron comprometidos fondos de la Administración" estatal.
Seis días después la Generalitat presentó un recurso de reposición contra la decisión del secretario, afirmando que a la Abogacía del Estado le mueve un "interés extraprocesal" y un "interés de instrumentalizar el tribunal". El secretario denegó el recurso con un extenso decreto en el que argumentó que "no cabe negar el interés legítimo de la Abogacía del Estado en conocer el contenido de una denuncia que versa sobre posibles daños a fondos públicos" y en que sean investigados.
La Generalitat ha recurrido también el decreto del secretario insistiendo en que el abogado del Estado trata de "inmiscuirse" en un asunto que no le concierne. El recurso de reposición tiene que resolverlo la consejera Mariscal de Gante, que también debe pronunciarse sobre la petición de archivo de la denuncia.
"Cobertura legal"
El fiscal se ha opuesto al archivo en un escrito en el que contradice la alegación de la Generalitat de que el 9N tuvo "cobertura legal" ya que "estaban vigentes" tanto el Estatuto de Autonomía como la regulación de los procesos de participación ciudadana realizada en la Ley catalana 10/2014, no impugnada en ese apartado por el Gobierno. Tal "marco estatutario y legal" amparaban, sostiene la Generalitat, unos contratos y compromisos de gastos "formalizados con anterioridad a que el TC suspendiera el proceso participativo".
La Fiscalía señala, sin embargo, que la ley del TCu permite el archivo de las actuaciones en la fase de diligencias preliminares "únicamente cuando de una manera manifiesta los hechos denunciados no revistan los caracteres de alcance".
"Impedir la investigación ante los indicios expuestos por los denunciantes, apoyados en datos objetivos, parece inadecuado y contrario al derecho a la tutela judicial efectiva", añade el fiscal, que subraya que el TC ya indicó "taxativamente" en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña que la competencia de la Generalitat para celebrar consultas "está sujeta a determinados límites", entre ellos que "queda fuera de la competencia formular consultas, aun no referendarias, que incidan sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente".
Para el fiscal, "la falta de competencia de la comunidad autónoma de Cataluña" para consultas como la del 9N "es un hecho notorio e, indudablemente, de conocimiento indiscutible" para los responsables públicos que "dirigieron y ejecutaron el 'proceso de participación ciudadana'".
Por ello, la Fiscalía reitera la procedencia de nombrar al delegado instructor que investigue la eventual responsabilidad contable de los denunciados.