La insólita denuncia por responsabilidad contable presentada por el letrado del Tribunal de Cuentas Fernando Clemente contra la comisión de gobierno -integrada por el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, y los consejeros Felipe García Ortíz y Javier Medina- no ha superado el filtro de la admisión. 

Con el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la consejera María Antonia Lozano ha llegado a la conclusión de que las resoluciones tomadas por la comisión de gobierno sobre el pago de las costas impuestas a Cuentas por el Tribunal Supremo debido a sentencias adversas en materia de personal "no suponen ni siquiera indiciariamente" un supuesto de responsabilidad contable.

El asunto se remonta a 2013, cuando el Tribunal de Cuentas sacó una plaza de subdirector técnico de la Presidencia (nivel 30) a la que aspiraba Clemente. Tras sucesivas incidencias impugnadas por este funcionario al Tribunal Supremo, que le dio la razón, el puesto fue adjudicado 'a dedo' por el presidente a Enrique Medina, hermano del consejero Javier Medina.

Esta decisión, respaldada mayoritariamente por el Pleno del tribunal, fue revocada también por el TS y ha dado lugar a varios incidentes de ejecución en los que Cuentas ha sido reprendido por el Supremo, que llegó a apreciar desviación de poder. Las cuatro sentencias y los dos autos dictados sobre este asunto han supuesto la imposición de costas al Tribunal de Cuentas por importe de 38.000 euros.

Clemente pretendía que los tres miembros de la comisión de gobierno fueran declarados responsables de ese "menoscabo" de fondos, que según sostenía debían abonar ellos y no el tribunal. 

La consejera a la que ha correspondido la denuncia, María Antonia Lozano, ha dictado una extensa resolución en la que argumenta que las decisiones a las que el funcionario atribuye una supuesta responsabilidad contable eran "de contenido puramente administrativo, relativas a la provisión de puestos de trabajo y a lo acordado por el Tribunal Supremo, ajenas, por consiguiente, a cualquier gestión de caudales o efectos públicos".

Lozano también señala que un menoscabo del erario público generador de responsabilidad contable precisa que la salida de los fondos "no esté justificada en una causa jurídica suficiente y que el destino de los mismos no sea el previsto en la norma". Ello no puede aplicarse a las costas procesales, que se abonan para dar cumplimiento a un mandato judicial, "de manera que la salida de fondos tenía una causa jurídica adecuada y el destino dado a los caudales públicos fue el que legalmente correspondía".

"Irreflexivo e inconsistente"

De otro lado, "no hay relación de causalidad" entre el abono de las costas y las personas denunciadas ya que "la causa directa de que se pagaran las costas fue el deber jurídico de cumplir las resoluciones judiciales que las habían impuesto".

"La decisión del pago de las costas era obligatoria, de modo que no puede apreciarse, ni siquiera indiciariamente, una ausencia de la diligencia exigible a quienes resolvieron a favor de aquel pago obligatorio", concluye la consejera.

Lozano aprecia que Clemente -veterano letrado del Tribunal de Cuentas que trabaja precisamente en expedientes de responsabilidad contable- ha realizado "un ejercicio irreflexivo y jurídicamente inconsistente de la acción pública". Acuerda, por ello, imponerle las costas del procedimiento iniciado en virtud de su denuncia. La decisión de María Antonia Lozano es recurrible.

La consejera refleja en su resolución que, aparte de las impugnaciones que ha presentado en el Supremo, Fernando Clemente ha interpuesto durante el mandato del actual pleno del Tribunal de Cuentas, que arrancó en julio de 2012, 16 recursos de alzada contra actos de los órganos de gobierno, para luego desistir de ocho de ellos.

Fuentes del tribunal señalaron que esta "intensa dedicación" a recurrir "contrasta" con el hecho de que, según el consejero José Manuel Suárez Robledano, del que depende Clemente, el letrado incurre en "retrasos inexplicables" en la gestión de varios de sus expedientes.

Suárez ha dirigido un escrito al presidente del Tribunal de Cuentas para darle cuenta de esos retrasos por si "pudieran ser generadores de responsabilidad disciplinaria".

Clemente ha manifestado a este periódico que no le han notificado ninguna actuación en su contra pero, en todo, caso "está tranquilo" porque considera que ha actuado correctamente.

El letrado ha señalado que Suárez Robledano ha tomado medidas contra él "casualmente" después de que Clemente haya interpuesto una denuncia ante la Sala Penal del Supremo contra la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas por un supuesto delito de prevaricación en el que habrían incurrido con el nombramiento del hermano de Javier Medina.

Según Clemente, después de que esa denuncia penal trascendiera Suárez Robledano empezó a tener una "actitud hostil" con él. La denuncia, sin embargo, no se dirige contra este consejero.