El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre, poco después de la Diada y fechas antes del anunciado referéndum independentista, a los cuatro exmiembros del Gobierno catalán denunciados por haber gastado indebidamente cinco millones de euros en la consulta ilegal del 9N.

Pero Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs no estarán solos: de oficio, el tribunal ha citado a siete cargos de la Generalitat que, a tenor de los expedientes analizados a lo largo de agosto, pueden haber incurrido también en responsabilidad contable.

Se trata de Jordi Vilajoana, que fue secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Artur Mas; Lluis Bertrán, subdirector general de Administración y Servicios del Departamento de Gobernación, y Josefina Valls, directora de servicios de ese departamento.

Además, deberán comparecer en el Tribunal de Cuentas Carolina Pardo, interventora del Consorcio de Educación de Barcelona; Jaume Domingo, director general del Diario Oficial de la Generalitat; y Ignasi Genovés, director general de Difusión del Departamento de Presidencia.

Los once -políticos y cargos intermedios de la Administración catalana- pueden tener que responder con su patrimonio personal por el 9N, ya que el expediente iniciado el pasado julio persigue el reintegro de los fondos públicos empleados en una consulta ilegal.

Inminentes fianzas

El Tribunal de Cuentas les ha citado para comunicarles la liquidación provisional del alcance (la cuantía de la que tendrían que responder) y, en su caso, para que depositen las fianzas que garanticen el pago para el caso de que se dicte una sentencia condenatoria. En el caso de que se imponga una fianza y no se satisfaga, la norma prevé el embargo de los bienes de los investigados.

Ni el importe del alcance ni, por tanto, el de las fianzas están aún determinados. Los 11 afectados disponen ahora de un plazo que termina el día 25 para presentar alegaciones y aportar documentos o cualesquiera elementos de juicio que, a su parecer, deberían ser tenidos en cuenta a la hora de practicar la liquidación provisional.

La delegada instructora del expediente, María de los Llanos Castellanos, es la responsable de realizar esa liquidación provisional y de fijar, en su caso, las fianzas. Esta alta funcionaria del tribunal ha examinado durante las últimas semanas toda la documentación procedente de los causas judiciales en las que Mas, Ortega, Rigau y Homs fueron condenados por llevar a cabo la consulta del 9N pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

También ha analizado la documentación que el propio Tribunal de Cuentas pidió a la Generalitat y en la que los 11 citados aparecen, en principio, como responsables del libramiento de fondos para la consulta ilegal.

El procedimiento de responsabilidad contable fue iniciado después de una denuncia interpuesta contra los cuatro cargos políticos por Sociedad Civil Catalana, que cifró los gastos de la votación en 5,1 millones de euros.

Puigdemont acusa el golpe

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras, comparecieron de inmediato al trascender las noticias procedentes del Tribunal de Cuentas para denunciar los “abusos” del Estado y la “estrategia del miedo” utilizada " a la desesperada" para evitar el referéndum del 1 de octubre.

“El Estado ha ampliado su represalia económica tras el éxito de la consulta del 9N”, ha dicho el presidente, y ha procedido a la “incautación del patrimonio” de los responsables del 9N.

“Se han saltado derechos fundamentales de forma exprés, en tiempo récord, sin esperar a recibir los expedientes solicitados. Por ello, expresamos nuestro apoyo total a las personas a las que el Tribunal de Cuentas ha ampliado la investigación”.

Junqueras cree que el Estado “quiere impedir el funcionamiento normal de las instituciones catalanas mediante una interpretación sesgada de las leyes”. Ha reiterado que convocar un referéndum “no es delito, pues se despenalizó en 2005”. Asimismo, una sentencia del Tribunal Constitucional, recuerda, impidió la pretensión del PP de castigar penalmente la convocatoria de un referéndum. Junqueras ha calificado de “abuso” la actuación del Gobierno del PP contra los dirigentes de la Generalitat que, según ha advertido, puede usarse también en un futuro contra el conjunto de los españoles.