El Tribunal Constitucional se reúne en pleno esta tarde para admitir a trámite los recursos e impugnaciones que ha presentado el Gobierno de Rajoy contra la ley del referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del 1-O, que quedaran automáticamente suspendidas y no podrán desarrollarse dentro de la legalidad.
La paralización ipso facto de los actos que recurra el Gobierno está ordenada en la Constitución, por lo que los magistrados solo deben constatar el cumplimiento de los requisitos formales de los recursos y proceder a bloquear tanto la vigencia de la ley de referéndum como los decretos relacionados con la convocatoria de la consulta.
El interés que presenta la decisión del TC se desplaza, por tanto, a la posibilidad de que se adopten otras medidas cautelares que vayan más allá de la suspensión de los actos recurridos y de la deducción de testimonio para la exigencia de responsabilidad penal.
Esta última medida, ya aplicada en dos ocasiones a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a varios miembros de la Mesa sería, en cambio, novedosa en lo que se refiere al presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y a sus consejeros.
Todos ellos han sido reiteradamente advertidos de que debían abstenerse de llevar a cabo cualquier iniciativa relacionada con la hoja de ruta que diseñó la declaración soberanista anulada por el TC en diciembre de 2015.