El Gobierno pide al TC en su recurso que abra la vía penal contra Puigdemont

Los recursos interpuestos este jueves por el Gobierno de Mariano Rajoy contra los decretos de convocatoria y organización del referéndum independentista piden al Tribunal Constitucional que abra la vía para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras, a los consejeros y al secretario de gobierno, Victor Cullell.

"Procede deducir el oportuno testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña por incumplir mandato legal según el cual 'todos los poderes públicos están obligados a cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva'", afirma el recurso presentado contra el decreto de convocatoria de la votación independentista del 1-O.

La petición de que el Tribunal Constitucional abra la vía para la incriminación penal del Govern supone un paso más en la reacción del Ejecutivo al desafío independentista. Hasta lo ocurrido el miércoles en el Parlament, el Gobierno se había limitado a reclamar al TC que exija responsabilidad criminal a Carme Forcadell y a varios miembros de la Mesa. Todos ellos tienen ya abierto un procedimiento en el Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia al TC y prevaricación.

Ahora la responsabilidad penal puede alcanzar a todo el Gobierno de Puigdemont, responsable de los decretos de convocatoria y preparación del referéndum. Para el Ejecutivo esta actuación "supone un incumplimiento frontal, con pleno conocimiento, de las advertencias" que les ha hecho el TC en cuatro resoluciones dictadas a lo largo de 2016 y 2017, en las que los miembros del Govern han sido apercibidos de forma personal para que no avancen en la hoja de ruta hacia la ruptura con España al margen de la ley.

"El mandato del TC era claro, directo y tajante, y ha sido expresado no una sola vez sino en varias ocasiones", añade el recurso, que considera que la convocatoria del referéndum es "un acto formal de desacato y de manifiesto incumplimiento" de los mandatos del TC, por lo que "resulta necesario adoptar las medidas que impidan la persistencia en dicho incumplimiento".