La querella que la Fiscalía acaba de presentar contra Carles Puigdemont y su Gobierno pide al Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) varias medidas cautelares, entre ellas el cierre de las webs garanties.cat y connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, "desde las que se está impulsando y dando una apariencia de cobertura legal y de normalidad a la celebración de un referéndum secesionista que notoriamente se sabe es no solo contrario al ordenamiento jurídico sino que vulnera frontalmente los mandatos del Tribunal Constitucional".
También solicita que el tribunal se dirija a los directores de todos los medios de comunicación escritos o audiovisuales, públicos o privados, con sede en Cataluña, "requiriéndoles con los apercibimientos legales correspondientes para que impartan las instrucciones pertinentes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum".
Pide, asimismo, que el TSJC envíe un oficio a todos los alcaldes de los municipios radicados en Cataluña para que "impidan que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material" para la celebración de la consulta, también con los apercibimientos legales correspondientes.
En cuanto a las webs, la querella precisa que deberá oficiarse "al prestador de servicios de intermediación en el caso de que la página infractora se encuentre en España". Pero también prevé que el prestador de servicio de alojamiento no esté radicado en España, supuesto para el cual "se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación para que impidan que desde España pueda accederse a la página localizada en país extranjero".
El fiscal pide la misma medida cautelar de cierre "respecto de cualquier medio de comunicación telemático, red social o web, que realice la misma actividad" de preparación y desarrollo del referéndum.