La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha presentado este jueves, tal como adelantó EL ESPAÑOL, una querella contra Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i La Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, y contra Miquel Buch, alcalde de Premiá de Mar y presidente la Asociación Catalana de Municipios, por "contribuir con actos concretos y determinados a la promoción, organización y celebración de un referéndum que pretende socavar todo el orden constitucional, promoviendo un proceso de secesión de Cataluña respecto del resto del Estado, en abierta contradicción con la Constitución española que, paradójicamente, es la garantía última del propio funcionamiento de las instituciones de Cataluña".

La querella pide al tribunal que adopte medidas para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias en que hayan podido incurrir Lloveras y Buch, "incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de

bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije".

También se solicita el cierre de las webs de las dos asociaciones concernidas, http://www.municipisindependencia.cat, y http://www.acm.cat, desde las que "se está impulsando y dando una apariencia de cobertura legal y de normalidad a

la celebración de un referéndum secesionista que notoriamente se sabe que, no solo es contrario al ordenamiento jurídico sino que vulnera frontalmente los mandatos del Tribunal Constitucional".

La querella solicita, asimismo, que el TSJC se dirija a los alcaldes requiriéndoles, con los apercibimientos legales correspondientes, para que impartan las instrucciones precisas "a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material para la celebración del citado referéndum y, singularmente, la prohibición de imprimir, colocar o difundir por cualquier medio los carteles de fomento de la participación o a favor del 'Sí', debiendo retirar, en su caso, los carteles que ya se hayan colocado".

La Fiscalía quiere que el tribunal catalán oficie a los Mossos d'Esquadra y al resto de las fuerzas policiales para "intervengan o retiren los efectos o instrumentos destinados al referéndun", incluidos los carteles.

"Actos inequívocos"

La querella se presenta en el TSJC dado el aforamiento de Lloveras, que es diputada de Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña, y les imputa delitos de desobediencia al TC, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último castigado con penas de prisión.

La querella afirma que tanto Lloveras como Buch "son perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando la radical ilegalidad" de cualquier acto relacionado con el referéndum independentista y "son plenamente conscientes de que la promoción, organización y celebración de una convocatoria de este tipo implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas".

"A pesar de ello", añade la Fiscalía, "ambos querellados, en sus respectivas condiciones de presidenta de la denominada Associació de Municipis per la Independencia (AMI), y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), y, por lo tanto, con motivo u ocasión del ejercicio de su condición de alcaldes, han realizado actos inequívocos de promoción y organización de esta inconstitucional convocatoria referendaria".

La querella se refiere a que ambos, a los pocos minutos de que el Gobierno catalán firmase el decreto de convocatoria de la consulta, firmaron una comunicación dirigida a todos los alcaldes de Cataluña facilitándoles el formulario de un decreto de alcaldía para manifestar su apoyo a la votación secesionista y anunciar que van a "cumplir las previsiones que se contemplan en la ley de referéndum", suspendida por el TC.

Ambos querellados enviaron este miércoles un correo electrónico adjuntando carteles para la campaña del referéndum que empieza a las 0.00 horas de este jueves.

Llovera, además, mandó un correo electrónico a los alcaldes integrados en la AMI con un informe sobre la ley de referéndum en el que se defiende la "retorcida tesis" de la legalidad del proceso. "Para ello", señala la querella, "no se duda en afirmar que se debe interpretar que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen una infracción manifiesta, clara y terminante de la Ley, de manera que su incumplimiento no supone infracción penal alguna".

"Con estas conductas", afirma la Fiscalia, Lloveras y Buch "como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus respectivas asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y su firme e inequívoca intención de utilizar las plataformas de

AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes/as de Cataluña a fin de que promuevan la organización y celebración de un referéndum a todas luces inconstitucional, dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales y comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".

Querella contra la sindicatura

Por su parte, la Fiscalía de Barcelona, que dirige Ana Magaldi, ha interpuesto una querella contra los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña por realizar actuaciones relacionadas con la organización del referéndum del 1-O pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.

La querella se centra, en particular, en la designación de los integrantes de las sindicaturas provinciales, realizada el pasado día 8 por un decreto de la sindicatura catalana. La suspensión de cualquier acto de preparación o de desarrollo del referéndum fue acordada por el TC el día 7 y notificada personalmente a los titulares y suplentes de la sindicatura, Jordi Matas, Marta Alsina, Josep Pagès, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Costa y Eva Labarte. A los cinco primeros, que son los miembros titulares de la sindicatura -los otros dos son suplentes y no han sido incluidos en la querella- se les imputa delitos de desobediencia grave a la autoridad, usurpación de funciones y malversación de fondos.

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