Las claves jurídicas de la super redada del 20-S

Un juez que acaba de cumplir 70 años y con más de 27 de antigüedad en la carrera judicial, Juan Antonio Ramírez, y la Guardia Civil a sus órdenes han asestado este miércoles el golpe más serio infligido hasta ahora a la infraestructura y organización del referéndum secesionista del 1 de octubre: 9,8 millones de papeletas de votación incautadas, además de carteles para indicar dónde están los locales, listas de votantes y formularios para la constitución de las mesas; 41 registros en cuatro consejerías del Gobierno catalán y en organismos clave para la preparación de la consulta como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que fue determinante para la celebración del 9-N; y 14 personas detenidas, la mayoría cargos del Govern, entre ellos el número dos de Junqueras, Josep María Jové.

La actuación judicial no ha sido improvisada ni responde a las acciones penales promovidas por la Fiscalía en los últimos días. El magistrado lleva investigando el referéndum desde hace siete meses en unas diligencias declaradas secretas. Éstas son algunas de las claves jurídicas de la operación judicial.

Qué se investiga

El titular del Juzgado de Instrucción número 13, Juan Antonio Ramírez, admitió a trámite el pasado febrero una denuncia del abogado Miguel Durán por las revelaciones del exsenador de ERC Santiago Vidal asegurando que el Gobierno de Cataluña había recopilado "todos los datos fiscales" de los catalanes y había elaborado listados de jueces afectos o desafectos al proceso separatista, entre otras actuaciones clandestinas preparatorias de la independencia.

Unas semanas después el magistrado admitió a trámite una querella de Vox contra secretario de Hacienda del Gobierno, Lluis Salvador, y el jurista Carles Viver Pi Sunyer por su presunta intervención en la preparación de la infraestructura económica y jurídica para el referéndum y la ruptura de Cataluña con España.

Desde marzo, las diligencias se encaminan al descubrimiento de quiénes están diseñando y ejecutando la infraestructura al servicio del 1-O.

De qué delitos hay indicios

La causa está abierta por presuntos delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos públicos. Este último conllevaría penas de prisión en caso de que el proceso terminase con sentencia condenatoria.

El juez declaró la causa secreta, de manera que sólo la Guardia Civil y la Fiscalía conocen su desarrollo. Ramírez no ha querido dejar las diligencias en manos del juez que le sustituye ni siquiera durante sus vacaciones, que pasó en una localidad cercana a Barcelona, y dio instrucciones a los agentes de que todo lo que tuvieran que solicitar se lo hicieran saber a él. 

La competencia del Juzgado

El procedimiento arrancó con tres investigados -Santiago Vidal, Lluis Salvador y Carles Viver- pero ya son más de 20, entre ellos algunos que fueron expresamente advertidos por el Tribunal Constitucional de su deber de impedir cualquier iniciativa de preparación o celebración del referéndum. Es el caso de Francesc Sutrias, director de Patrimonio y detenido este miécoles, que estaba incluido en la relación de cargos a los que se notificó personalmente la resolución dictada el pasado día 7 por el TC suspendiendo el decreto del Govern sobre normas para la consulta.

Ninguno de los investigados tiene la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la investigación no descartan que de la documentación incautada pueda desprenderse la implicación de aforados en el TSJC, lo que, de confirmarse, determinaría la elevación de una exposición razonada por parte del instructor.

La investigación del Juzgado número 13 no colisiona, al menos de momento, con la que va a llevar a cabo el TSJC respecto al Govern tras la admisión a trámite de una querella de la Fiscalía. Los investigados en una y otra causa son distintos. Las diligencias del TSJC aún no han empezado y las de Ramírez llevan meses.

De otro lado, la Fiscalía del TSJC informó en su día en contra de la admisión a trámite de una querella de Vox contra Santiago Vidal, Oriol Junqueras y el consejero de Justicia, Carles Mundó, por la preparación del referéndum, por lo que sólo la aparición de indicios concretos contra aforados justificarían un cambio de criterio.

Quiénes son los investigados

Dos de los detenidos este miércoles son subordinados directos de Junqueras: el secretario general de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

El proceso afecta también a la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga, y el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias.

De la Consejería de Trabajo han sido detenidos el responsable de proyectos delñ CTTI, David Palanques, y el del jefe del área de tecnologías de la información y telecomunicaciones del CTTI, David Franco. El secretario general de esa Consejería, Josep Ginesta, también tiene la condición de investigado.

Han sido arrestados el responsable del área de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Xavier Puig Farré, de la Consejería de Exteriores, y el director de Estrategia e Innovación del CTTI, Josuè Sallent.

Otros detenidos han sido el asesor en materia de opinión de la Consejería de Gobernación, Joan Ignasi Sánchez, y el técnico del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) Joan Manuel Gómez.

El director de sistemas de Fundació.cat, Josep Masoliver, una entidad privada que gestiona el dominio .cat en catalán, también fue detenido, al igual que el propietario de la nave de Bigues i Riells donde se han requisado las papeletas, Pau Furriol Fornells, y la empresaria Mercedes M. Martos.

En Madrid ha sido detenida Rosa María Rodríguez Curto, directora general de servicios de la empresa T-Systems, que fue utilizada también por la Generalitat para la consulta ilegal del 9N.

Fuentes de la investigación señalaron que los investigados serán interrogados por la Guardia Civil y luego pasarán, en su caso, a disposición judicial.