El PSOE pide 9 años de prisión para el expresidente de Murcia por pagar a Púnica

La acusación representada por el PSOE y la asociación ADADE solicitan nueve años de prisión para el ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por contratar a uno de los empresarios investigados en la trama de corrupción denominada Púnica para que le lavaran su imagen en internet cuando era consejero de Educación de cara a presentarse como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

El juez de la Audiencia Nacional comenzó a investigar al entonces presidente de Murcia y constató que que existían indicios de fraude, cohecho y delito de revelación de información reservada. El instructor consideraba que Sánchez (PP) concertó con la red Púnica trabajos reputacionales en Internet y redes sociales, de carácter privado bajo el amparo de la prestación de servicios a la Consejería de Educación de Murcia, servicios que se pagarían con fondos públicos. Los servicios no se llegaron a realizar porque estalló el caso Púnica, en octubre de 2014, con la detención del empresario contratado, Alejandro de Pedro, y el ex número 3 de Madrid, Francisco Granados, entre otros.

Tras estos indicios, Velasco remitió la parte de la causa que afectaba al entonces presidente murciano al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dado su condición de aforado. Tras su citación como investigado por el alto tribunal, Sánchez se vio forzado a dimitir aunque sigue con el acta de diputado regional, por lo que no ha perdido el aforamiento.

El TSJCM dictó la apertura de juicio oral al entender quer había indicios suficientes para que Sánchez se siente en el banquillo de los acusados. Ahora la acusación, representada por los socialistas y por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) han presentado su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, por los delitos de fraude y cohecho.

Noticias negativas

Junto a Sánchez, se sentará en el banquillo su antiguo colaborador David Conesa, para quien solicita cinco años de prisión. Según el escrito, Sánchez era, a la fecha de los hechos( junio a octubre de 2014), consejero de Educación de la Región de Murcia, habiendo publicado en dicho momento en ese tiempo y el anterior diversas noticias negativas sobre su reputación, tanto en la prensa en papel como en la digital, algunas de ellas vinculadas a aspectos de corrupción urbanística, “que, al pretender optar a suceder al entonces presidente de la Región que abandonaba el cargo, le podían resultar adversos si se presentaba, como preveía, a la pugna por esa Presidencia en el seno de su partido político”.

Para conjurarlo, durante esas fechas se produjo, según el escrito de acusación, “un concierto entre, por un lado, Alejandro de Pedro con la ayuda de su socio José Antonio Alonso Conesa y empleados de ambos, y por otro, Pedro Antonio Sánchez (quien además de perseguir postularse como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia en competencia con otros miembros relevantes del partido en el que militaba tenía la necesidad de mejorar y limpiar su imagen pública debido a que en la prensa se le relacionaba con una imputación penal)”.

Cuatro reuniones

Con la intención de poner en marcha el trabajo de reputación on line, se produjeron diversos contactos personales y entre empleados al servicio de ambos, “que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, llegando definitivamente a valorar el coste por los trabajos reputacionales personales a hacer a Sánchez en 1.500 euros al mes”.

El contrato reputacional incluía: estrategia SEO y linkbuilding "Pedro Antonio Sánchez", creación de Identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoria de posicionamiento SEO en webs existentes, un periodista e informes mensuales. Su coste total se elevaría a un total de 32.200 euros.

“Para ayudar a Pedro Antonio Sánchez, a la sazón Consejero de Educación del Gobierno de Murcia, a limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, se concertó con el informático reputacional Alejandro de Pedro y su socio y los empleados de sus empresas para que se la 'limpiaran' y así poder presentarse a aspirante a presidir el Gobierno Autonómico, como finalmente consiguió”.

Pero, tal y como recuerda la acusación, no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”. Lo que hizo para pagarlo fue hinchar contratos de formación adjudicados a empresas de De Pedro.

“Prueba del concierto de voluntades fueron las al menos cuatro reuniones presenciales, muchas de ellas realizadas en entornos no públicos y ni siquiera en Murcia, donde estaba la sede de la Consejería, de forma connivente y cuasi clandestina que realizó Sánchez personalmente”. En esos encuentros, dio información “no divulgable sobre extremos reservados de la Administración”.