La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha aceptado investigar por sedición los ataques contra la Guardia Civil producidos tras las detenciones de varios miembros del Govern este miércoles por la preparación del referéndum del 1-O. La magistrado ha admitido así la denuncia interpuesta por la Fiscalía el viernes pasado en la que se menciona expresamente a los presidentes de ANC y Omniun.
Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios" conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.
Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa. "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos", decía el presidente de la ANC en la Rambla Cataluña hacia las 20.20 horas frente a la sede del departamento de Economía.
Al presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta -llamando a la "movilización permanente"-, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, destaca la denuncia. "Vista la situación provocada pidieron a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Conselleria. La comitiva judicial y la Guardia Civil permanecían en el interior, al impedir los manifestantes la salida".
La denuncia añade que "en el exterior, tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda". El fiscal destaca que la "turba" destrozó los tres vehículos oficiales.
Romper el Estado
En su auto, la magistrada recuerda que el tipo penal de sedición exige un conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario como un alzamiento dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Lamela señala que el bien jurídico que se protege es el orden público entendido como la paz y tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia ciudadana. E igualmente protege el principio de autoridad entendido como el que la ciudadanía deposita en las instituciones para el ejercicio adecuado de las funciones que desempeña al servicio de una sociedad democrática y por tanto de la colectividad, una funciones que, añade Lamela, quedarían en entredicho si fueran impedidas por la fuerza.
La juez considera que este delito de sedición tal y como acontecieron los hechos es competencia de la Audiencia Nacional en tanto que además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, "puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno".
Conforme al relato de hechos del fiscal, la finalidad última de las movilizaciones que expone en su denuncia era, según Lamela, romper la organización del Estado, por lo que atenta también contra la forma actual de Gobierno en España a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la Audiencia Nacional.
La juez precisa que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la AN sino que en este caso concreto, el delito de sedición puede atentar también contra la forma de Gobierno, al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, lo que determina igualmente la competencia de la Audiencia.