Si los síndicos reaparecen el 1-O acumularán todas las multas diarias del TC

La eventualidad de que la Generalitat haga reaparecer a la sindicatura electoral para la jornada del 1-O con la finalidad de dotar de aparentes garantías al referéndum y dar respetabilidad y credibilidad al escrutinio puede exponer a los miembros de ese órgano -suspendido desde el 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional- al riesgo de sufrir serias consecuencias económicas: cada uno de ellos no tendría que responder de una única multa, la correspondiente al domingo, como prevé el Govern, sino al importe total de las multas impuestas por el TC el pasado día 21, esto es, a la suma de los 12.000 euros diarios devengados desde el sábado 23, cuando las multas entraban en vigor.

La posibilidad de resucitar la sindicatura ha sido sugerida por el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, al negarse a contestar a una pregunta de la prensa sobre quién asumirá el próximo domingo las funciones asignadas a ese órgano y afirmar que "los síndicos fueron nombrados y ya se les dirá lo que va a pasar".

La sindicatura electoral fue un órgano creado por la ley de referéndum -igualmente suspendida por el TC- para "garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el ejercicio efectivo de los derechos electorales". Le correspondía validar el censo electoral, autorizar los modelos oficiales de papeletas, sobres y urnas, resolver las consultas de las mesas de votación y resolver quejas o reclamaciones, realizar el escrutinio general y certificar el resultado oficial del referéndum, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Sólo entonces podría proclamarse la independencia.

La decisión del TC de imponer tanto a los miembros de la sindicatura regional como a los de las sindicaturas de las demarcaciones multas coercitivas diarias hasta que acatasen la suspensión tuvo como consecuencia la masiva renuncia de todos ellos a esos puestos.

Dejaron sus acuerdos "sin efecto"

Los escritos de renuncia, en los que los integrantes de la sindicatura catalana hacían constar que habían "dejado previamente sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados" (los síndicos de las demarcaciones afirmaban que "no se ha adoptado ninguna resolución ni acuerdo a excepción de la propia constitución de la sindicatura, que queda sin efecto"), llegaron en tropel al Tribunal Constitucional antes del sábado 23 de septiembre, día en el que iba a recaer sobre cada uno de ellos la primera multa: 12.000 para los síndicos regionales y 6.000 para los de las demarcaciones.

El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles siguiente las dimisiones de todos ellos y en el Tribunal Constitucional tenían previsto valorar en una próxima reunión la innecesariedad de hacer efectiva multa alguna.

Pero una eventual reactivación de los síndicos tendrá consecuencias. Fuentes del TC aseguran que, en caso de que las sindicaturas reaparezcan, sus miembros no sólo tendrán que hacer frente a la multa de ese día sino a todas las correspondientes a los días anteriores dado que ellos mismos, con su actuación, pondrían de manifiesto que "las renuncias eran fraudulentas y, por tanto, inexistentes".

La valoración del comportamiento de los síndicos y la liquidación de las multas no iba a hacerse día a día, ya que ello obligaba a los magistrados a reunirse diariamente en pleno. Lo que está previsto es realizar ese examen en un próximo pleno, cuando concluya el proceso del suspendido referéndum.

Fuentes del tribunal aseguran que "si los vocales vulneran su compromiso de renunciar y vuelven a sus cargos la renuncia no sería válida" y el TC hará la correspondiente valoración cuando ese pleno se convoque.