El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que suspenda los servicios informáticos que ha activado dentro de un plan para facilitar el voto telemático en la jornada del referéndum del 1-O, que se iba a materializar con una aplicación llamada 'evot'.

En un auto, la magistrada Mercedes Armas, que dirige la investigación al gobierno catalán por el 1-O, ha requerido al Centro de Seguridad y de la Información de Cataluña (Cesicat) que adopte las medidas necesarias para la "detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum".

La magistrada ha tomado esta decisión tras recibir este viernes un atestado de la Guardia Civil que, en el marco de la investigación secreta sobre el 1-O abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, detectó que la Generalitat "tendría establecido un plan por el que, a través de una aplicación conocida como 'evot' se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales y podría ser empleada para ejercitar el voto telemático".

Este plan le fue incautado, según detalla la juez, al jefe de riesgos del Cesicat, responsable del desarrollo informático de la aplicación 'evot'. El plan también incluye un sistema para el recuento o escrutinio de los votos de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.

La plataforma que se iba a usar para ejercer el voto era la red Macro Land de la Generalitat, según la magistrada, que explica que en el registro al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), llevado a cabo el pasado 20 de septiembre, se accedió a información del centro de Procesamiento de Datos.

El análisis de esta información, junto a las entrevistas que los agentes de la Guardia Civil hicieron a cada uno de los responsables del proyecto, les permitió detectar un total de 29 aplicaciones que se podrían usar en el proceso electoral del 1-O, y que ahora la juez ordena desactivar.

El CTTI es una empresa pública de la Generalitat en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración catalana, mientras que el CESICAT es el organismo que garantiza la protección en materia de seguridad informática de la Generalitat.

La magistrada precisa que, como ambos organismos dependen del departamento de Presidencia, son responsables de ellos los aforados a los que investiga en la causa que abrió a raíz de las dos querellas de la Fiscalía contra el Govern por la convocatoria del 1-O.

Para la juez, el uso de estas aplicaciones apuntaría además "a un necesario y previsible gasto o desembolso económico, cuya gestión también se hace necesario averiguar".

La suspensión de estas aplicaciones que la juez sospecha que el Govern quería usar para el programa "evot", se mantendrá vigente hasta la medianoche del 3 de octubre, con el fin de evitar que sirvan para el recuento telemático de votos.

Entre las aplicaciones que la magistrada ha ordenado al suspender temporalmente al CTTI figuran el relativas a la consulta de datos de entes, cargos electos y comicios locales, censos de discapacitados y entidades de voluntariado, un registro de actas y datos electorales e información sobre elecciones sindicales y ayudas a cargos eléctricos.

Para todas estas aplicaciones, la juez ordena impedir la extracción de datos, tanto de forma remota como local, con el objetivo de que no puedan ser trasladados a otra aplicación o servicio para darle uso en el marco de la celebración del referéndum.