La intervención televisiva de Felipe VI ha sido valorada de forma muy positiva desde el Consejo General del Poder Judicial y desde la Fiscalía, no sólo por lo que ha dicho sino también por lo que ha omitido.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran especialmente relevante que el jefe del Estado no haya apelado al diálogo entre el Gobierno catalán de Puigdemont y el Gobierno de España. "Uno no puede sentarse a negociar con quienes están cometiendo delitos gravísimos y han hecho de ello su bandera, jactándose de estar rompiendo el orden constitucional". "Antes de dialogar, que cumplan la ley", señalaron.
Las mismas fuentes elogiaron la "contundencia" del discurso y su defensa de la unidad de España y del Estado de Derecho.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía indicaron que el Ministerio Público "ha estado y estará siempre cumpliendo su deber de defender el Estado de Derecho" pero, a su juicio, la apelación del Rey a la "responsabilidad de los legítimos poderes del Estado" en el aseguramiento del orden constitucional "se dirige, sobre todo, al Gobierno".
El Ejecutivo de Rajoy ha focalizado en jueces, fiscales y Tribunal Constitucional el peso de la respuesta al desafío secesionista de Puigdemont en una estrategia en la que el propio Gobierno de España se ha situado en un segundo plano, lo que genera malestar y preocupación -a partes iguales- en los ámbitos jurisdiccionales.