La aparente declaración de independencia hecha el martes por el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha motivado que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tribunal que está desempeñando un papel esencial en la reacción del Estado frente al desafío independentista, haya aprobado un acuerdo en el que aclara que "ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia desplieguen efecto jurídico alguno".

La Sala de Gobierno del TSJC está integrada por el presidente del tribunal catalán, Jesús Barrientos, los presidentes de las cuatro Audiencias Provinciales del territorio y la jueza decana de Barcelona, Mercedes Caso, además de los presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo y de otros siete magistrados elegidos democráticamente por los jueces catalanes.

Tiene, por tanto, la genuina representación del Poder Judicial en Cataluña y en esa condición "reiteramos nuestro compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional". La fidelidad a este sistema es "nuestra manera, la única posible, de

comprometernos en la defensa activa de los valores, de los derechos y de las

libertades de todos", afirma la declaración.

La Sala de Gobierno "reafirma de forma inequívoca que sólo la norma vigente, conforme a la Constitución y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, puede ser fuente aplicativa del Derecho y presupuesto de todas y cada una de las decisiones judiciales".

"Y ello comporta que ni la ley de transitoriedad, suspendida por el Tribunal

Constitucional, ni ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de

independencia desplieguen efecto jurídico alguno", subraya.

La Sala de Gobierno del TSJC destaca que "la necesaria obediencia a la ley que nace y se funda en el sistema constitucional, en sus valores y en los derechos y libertades que garantiza, es lo que nos permite a todos y a todas reconocernos como miembros iguales de una comunidad política plural comprometida con la paz y el progreso".