Trapero, en libertad con medidas cautelares

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado el ingreso en prisión incondicional del jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en contra de la petición que había formulado la Fiscalía. La jueza aclara en su auto que solo ha tenido en cuenta los hechos del 20 y 21 de septiembre y no ha entrado a valorar, de momento, el papel de Trapero (investigado por un presunto delito de sedición) durante el 1 de octubre.

La jueza Carmen Lamela ha decidido dejarle en libertad con las siguientes medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país, comparecencias quincenales y fijación de un teléfono y un domicilio donde estar localizado permanentemente. En caso de incumplir alguna de estas medidas cautelares, la juez de la Audiencia Nacional podría decretar su ingreso en prisión.

Lamela advierte en su auto de que "tal y como fue indicado a las partes antes de iniciarse el interrogatorio de los testigos e investigados, lo único que está siendo objeto de investigación hasta el momento son los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal, los cuales se limitan a los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre, y no el 1 de octubre". La semana pasada la Guardia Civil remitió a la juez de la Audiencia Nacional un extenso informe de cerca de 300 folios en los que sí detallaba la actuación de los Mossos el día del referéndum ilegal y relataba la "pasividad" en la que habría incurrido el cuerpo autonómico.

"No aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron (en referencia al 1-0), sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación", argumenta la jueza en su auto emitido este lunes, en el que acuerda la libertad con medidas cautelares para Trapero y para su intendente Teresa Laplana. La Fiscalía había pedido prisión para Trapero y prisión eludible bajo una fianza de 40.000 euros para su intendente.

Trapero ha declarado cerca de dos horas ante la juez y en defensa de la actuación de los Mossos d'Esquadra los días 20 y 21 de septiembre, ha señalado que "abrieron los pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial que luego no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos". El mayor de los mossos ha añadido que "no actuaron contra los concentrados al estimar que dado su volumen (40.000 personas) podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas".

Pese a estas decisiones, Lamela considera que se trata de "unos hechos muy graves que revisten los caracteres de un delito de sedición en los términos que fueron expuestos en la última acordando la incoación del presente procedimiento, llevados a cabo dentro de un contexto más amplio como es la estrategia de actuación con finalidad separatista". La juez también hace referencia a las 'escuchas' autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ordenó el registro en la sede de Economía, en las que "vislumbra una actividad de contravigilancia (por parte de los Mossos) para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o del a Guardia Civil".

La jueza hace alusión al documento EnfoCat hallado en el domicilio del número dos del vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras para vincular a Trapero con esa estrategia separatista y la "pasividad aún por investigar que se atribuye a los Mossos d'Esquadra en los hechos acaecidos el 1 de octubre".

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, había realizado la petición de prisión por considerar que había indicios de que no evitó el asedio a la comisión judicial que registró la Consejería de Economía e incumplió las órdenes del Tribunal Superior de Cataluña de cerrar los centros de votación el 1-O.

Inicialmente Carballo barajaba la opción de solicitar para Trapero prisión eludible bajo fianza, como había hecho antes con la intendente Teresa Laplana. Pero a la vista de la declaración del jefe de los Mossos, que se ha prolongado durante casi dos horas, el número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional había optado por endurecer su postura al considerar que las explicaciones del investigado, que hoy sí ha aportado documentación sobre la actuación de sus agentes el 1-O, no desvirtúan en absoluto la imputación de pasividad en el cumplimiento de las órdenes judiciales y cooperación con la estrategia de secesión de la Generalitat.