La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a petición de la Fiscalía, decretó este lunes prisión incondicional y sin fianza para los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición derivado de los hechos acontecidos los días 20 y 21 de septiembre alrededor de la Consejería de Economía de Cataluña. Aquellas fechas, una multitud de 40.000 personas asediaron el registro que llevaba a cabo la autoridad judicial y la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat, en Barcelona. Los líderes de ambas plataformas independentistas fueron trasladados a la cárcel madrileña de Soto del Real por "alentar a la masa" contra las autoridades.
La jueza argumenta su decisión en "el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día". Añade Lamela que Sánchez y Cuixart llevaron "la iniciativa de una pretendida negociación con los guardias civiles dirigiendo la acción de los congregados incitándoles a permanecer en el lugar impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento".
El presunto delito de sedición por el que ambos ingresarán en prisión prevé penas de hasta 10 años de cárcel. La magistrada sostiene que "existe riesgo de reiteración delictiva ya que los investigados vienen operando dentro de un grupo organizado de personas llevando a cabo actividades dirigidas a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña en un proceso que todavía se encuentra en marcha". En este caso, el auto recoge que "ya se han puesto de manifiesto actos del mismo signo protagonizados por ambos investigados en días posteriores" a los días del asedio a la consejería.
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La jueza tiene en cuenta su papel el 1-O
Aunque la jueza aclara que solo se investigan los hechos de los días 20 y 21 de septiembre, recuerda que "el mismo día 1 de octubre en que se celebró el referéndum ilegal, realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y prestar resistencia a las actuaciones policiales encaminadas a impedir la celebración del referéndum".
En relación al asedio del 20 de septiembre, Lamela zanja que no eran "concentraciones pacíficas" ni tampoco "una protesta aislada". "De hecho, tal y como puede observarse en las imágenes y vídeos aportados por la Guardia Civil, ambos se dirigieron a los manifestantes alentando a la masa", insiste en su auto.
A juicio de la magistrada también existe una "alta probabilidad" de que los dos investigados puedan "proceder a ocultar, alterar o destruir pruebas". Alega que si ya impidieron la actuación de las autoridades en los hechos por los que están siendo investigados, "lo pueden fácilmente reiterar en relación a otras acciones semejantes que puedan ser acordadas en el curso de la investigación".
"Se erigieron como interlocutores"
A lo largo de 15 folios de auto, la Audiencia Nacional recoge partes del atestado remitido por la Guardia Civil y destaca que Sánchez y Cuixart "utilizaron las redes sociales y grupos de difusión propios y de ANC y Omnium para la movilización de personas en contra de las órdenes judiciales".Lamela añade que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart "se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para su fines". Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el auto recoge las labores de mediación a las que se ofrecieron ambos investigados.
Según relata, intentaron negociar "al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos". "Este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez", zanja la jueza Lamela.
La jueza Carmen Lamela hace un repaso minucioso de los hechos que marcaron la jornada del asedio ante la Consejería de Economía. Recuerda que Jordi Sánchez (ANC) "se dirigió a los congregados arengándolos" con expresiones como "que nadie se vaya a su casa, será una noche larga e intensa". Junto a Cruixart, ambos subidos a un coche, llamaron a la "movilización permanente". El auto también recoge el testimonio de la letrada de la Administración de Justicia que "tuvo que ser evacuada a través del teatro contiguo camuflada y mezclada entre el público que salía del teatro" o el coste del destrozo ocasionado a los coches oficiales de la Guardia Civil, que cifra en más de 135.000 euros.
La actuación de la Guardia Civil, ordenada por un juez, tenía por objeto realizar registros encaminados a impedir la celebración de la consulta ilegal del 1-O que había sido anulada por el Tribunal Constitucional. Por ello, la juez justifica la investigación por sedición afirmando que "la finalidad última" de las movilizaciones convocadas por ANC y Omnium "era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España".
Actúan dentro de una compleja estrategia
En ese deseo, eran "conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y en particular de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución”. "Las actividades descritas se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña".
Sánchez y Cuixart llegaron este lunes a la Audiencia Nacional poco antes de las 10 de la mañana para declarar ante la juez Lamela. Antes que ellos declararon como testigos la secretaria judicial que supervisó el registro de la Consejería de Economía y los dos guardias civiles que lo coordinaron. También comparecieron como investigados el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero y su intendente, Teresa Laplana, que quedaron en libertad con medidas cautelares.
El turno de los líderes de ANC y Òmnium no llegó hasta última hora de la tarde. Por parte de Sánchez sólo contestó a las preguntas de su abogado, Jordi Pina. Cuixart se acogió a su derecho a no declarar. Cada vez que los dos entraron y salieron de la Audiencia Nacional, un grupo de diputados y senadores independentistas les aplaudieron y animado al grito de: "¡No estáis solos!". No ha ocurrido lo mismo cada vez que Trapero entró y salió del edificio, quien lo hizo ante la mirada de decenas de periodistas y bajo un sepulcral silencio por parte de los diputados que miraban la escena.
Al concluir las declaraciones, los abogados de Sánchez y Cuixart han anunciado que recurrirán la decisión de la juez Lamela y han pedido a los presentes que "se manifiesten contra la decisión de la juez".