El líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha recurrido su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de sedición ordenado el pasado 16 de octubre por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. 

Su abogado, Jordi Pina, insiste en que la Audiencia Nacional no tiene competencia para juzgar los delitos de sedición. Defiende una vez más que el dirigente de ANC debería haber comparecido en un Juzgado de Barcelona en relación con el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre. 

Además, el abogado insinúa que los acontecimientos políticos de Cataluña motivaron a la jueza para llamar a declarar tanto a Sánchez como a Jordi Cuixart, presidente de Onmium Cultural, por segunda vez y ordenar la prisión provisional para ellos. El escrito señala que "el 11 de octubre, justo el día siguiente de la comparecencia del presidente de la Generalitat de Catalunya ante el Parlament, asumiendo el resultado del referéndum celebrado el 1 de octubre, la instructora dictó lacónica providencia por medio de la cual citaba nuevamente a declarar, por segunda vez, al sr. Sánchez y al resto de investigados, sin exponer -pues nada se le había solicitado por el Ministerio Fiscal- las razones de dicha nueva comparecencia". La citación judicial del 16 de octubre era conocida con mucha anterioridad a la comparecencia de Puigdemont del 11 de octubre y, de hecho, fue una fecha ya manejada -y publicada por los medios de comunicación- en la primera declaración de los Jordis, el 6 de octubre.  

La jueza Carmen Lamela ha resuelto en varios autos que la Audiencia Nacional sí es competente para juzgar un delito de sedición cuando los actos investigados "estuvieran dirigidos a cambiar ilegalmente la organización del Estado". En el auto de prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la instructora también argumentó que el papel de los líderes de ANC y Omnium Cultural "formaba parte de una hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña".

Éste es un punto nuclear que el abogado de Jordi Sánchez combate en su recurso. "Los hechos descritos en la denuncia presentada por la Fiscalía no son objetivamente idóneos para modificar la organización territorial del Estado español", sostiene Pina. "La independencia de una parte del territorio del Estado no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante las dependencias de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña", señala el recurso.