El fiscal general del Estado ha anunciado a las 12.32 de esta mañana la interposición de una querella contra e expresident catalán Carles Puigdemont y otra contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament, por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Comparecencia de Maza
La primera se ha interpuesto en la Audiencia Nacional y afecta también al exvicepresident Oriol Junqueras y a los exconsejeros, incluído el dimitido Santi Vila. La segunda se ha presentado en el Supremo e incluye a los miembros de la Mesa de la Cámara catalana que votaron la tramitación de la declaración de independencia aprobada el pasado viernes.
En una breve comparecencia sin preguntas, Maza ha resaltado la gravedad de la "crisis institucional" causada por los querellados, contra los que ha anunciado la futura petición de medidas cautelares.
"En las querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados", ha dicho textualmente Maza.
Además, ha añadido que la Fiscalía "continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley, para garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas, realizada desde un "total desprecio a la Constitución".
"Han usado la fuerza de los hechos consumados"
Las querellas atribuyen a los exgobernantes catalanes y a los miembros de la Mesa el diseño y desarrollo de un "plan estratégico" que "conduciría inexorablemente a la secesión de Cataluña, fin último al que se dirigía la actuación de todos ellos, en un proceso de facto y absolutamente fuera del ordenamiento constitucional".
El relato de los hechos delictivos arranca, para el fiscal, de la declaración soberanista aprobada por el Parlament en 2015 y que anunció el inicio del proceso hacia la independencia.
A pesar de que la declaración fue anulada por el Tribunal Constitucional, "el Govern de la Generalitat continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república", señala, valiéndose de sus apoyos parlamentarios y de asociaciones independentistas "a las que pertenecen un gran número de esos mismos diputados y miembros del Govern, a saber, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural".
"De esta manera", indica, "mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares, por ellos auspiciada, iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para respaldar la consecución de los fines independentistas".
Las querellas relatan detalladamente la guerra jurídica iniciada por el Gobierno de España por cada acto legislativo o de gobierno realizado por los querellados, sucesivamente anulados por el Tribunal Constitucional.
Se detiene igualmente en el referéndum del 1-O, respecto al que afirma que "todos los querellados, de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo el referéndum independentista y con ello la
separación de Cataluña de España, promoviendo y utilizando la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a esta a la insurrección"
Se llega así a la declaración de la independencia en el Parlament el pasado viernes, acto con el que la Fiscalía considera consumada la rebelión.
"Los miembros del Govern así como también los miembros de la Mesa del Parlament", afirma, "conseguían así su objetivo secesionista de llegar a la declaración formal de independencia, marcado desde el inicio de la legislatura y obtenido por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público, y en contra de la Constitución y de los fundamentos del Estado Español".