El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ve indicios suficientes para llevar a juicio al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a la abogada Virginia López Negrete, además de otras 11 personas, por presuntos delitos de extorsión, estafa, amenazas, administración desleal y fraude en subvenciones. A esas imputaciones el instructor añade la pertenencia de todos ellos a una supuesta organización criminal.

En la resolución por la que el juez concluye la instrucción, Pedraz afirma que el presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, Luis Pineda, habría orquestado una trama en la que se habrían utilizado falsas campañas en "defensa de los consumidores" para extorsionar, presuntamente, a las marcas y corporaciones contra las que se dirigían esas campañas y obtener beneficio económico de ellas.

Los abogados de Manos Limpias habrían colaborado con Pineda para la puesta en marcha de este engranaje, según Pedraz. Por eso, acuerda dirigir el procedimiento contra ellos y otras 11 personas por los presuntos delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

Las prácticas empleadas por la trama consistían en coaccionar a entidades como Banco Santander, BBVA o la automovilística Volkswagen para "llevar a cabo determinados tipos de acuerdos económicos enmascarados como convenios publicitarios, llegando a utilizar al sindicato Manos Limpias como medio para reforzar dicha coacción". 

El caso Nóos

Luis Pineda habría utilizado la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación popular de Manos Limpias contra la infanta Cristina en el caso Nóos, según se recoge en el auto del juez, a cambio de que un acuerdo por el que éstos obtendrían entre 2 y 3 millones de euros. El juez sostiene que en este caso tuvieron intervención activa, aparte de Pineda, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete -que actuó en el juicio y la única parte que llevó a la hermana del rey Felipe al banquillo- y Francisco Javier Castro-Villacañas. 

Es el caso más mediático del que habrían intentado conseguir beneficio económico, pero no el único. En el escrito del magistrado se recogen hasta ocho grandes estafas con entidades como Unicaja, Endesa o el Banco Sabadell. 

El responsable de Ausbanc habría utilizado además la condición de asociación "sin ánimo de lucro" en defensa de los consumidores para la solicitud y obtención de subvenciones públicas, según expone el juez en el auto. Y lo habrían hecho sin cumplir los requisitos. En primer lugar, los ingresos económicos declarados por la asociación no se corresponden con el número de socios que aseguraban tener. En segundo lugar, para que una asociación como se registró Ausbanc reciba subvenciones, ninguno de sus miembros debería lucrarse, algo que sí ocurría en el caso de Pineda y otros miembros.