La resolución por la que la jueza Carmen Lamela acordó la prisión provisional de ocho ex miembros del Gobierno catalán "se ha adoptado por una juez independiente e imparcial, a petición del Ministerio Público, dentro de un proceso penal con todas las garantías", afirma la sección catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria en la carrera judicial.

En un comunicado hecho público este viernes por el portavoz de la sección, Luis Rodríguez Vega, los jueces catalanes afirman que en el proceso penal que se sigue contra los exconsejeros de Puigdemont "se enjuician hechos y no ideas, siguiendo criterios legales y no de oportunidad política", por lo que rechazan que pueda calificárseles de "presos políticos".

La APM de Cataluña destaca la "gravedad extraordinaria" de los hechos atribuidos a los investigados: "tratar de subvertir el orden constitucional y declarar de forma unilateral la independencia de una parte del territorio nacional, utilizando para ello el dinero y las instituciones públicas, violando la Constitución y desobedeciendo abiertamente las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

Para los jueces catalanes, los ataques que se están dirigiendo contra Lamela son especialmente "reprobables" cuando "proceden de instituciones o representantes políticos que, usurpando la legitimidad que la democracia les ha prestado, se arrogan el derecho a atacar directamente a los jueces y despreciar su independencia e imparcialidad, sin apreciar el valor que tienen como garantía de los derechos de los ciudadanos".

"Los jueces, en un país democrático como España, estamos sometidos al imperio de la Ley y comprometidos a garantizar los derechos de todas las personas que se vean sometidas a una investigación criminal", señalan.

Por ello, en el caso que los investigados y sus abogados consideren que se ha producido indefensión, que los argumentos de la resolución son insuficientes o que la misma no se ajusta a Derecho "podrán acudir ante el tribunal superior al juez de instrucción, de manera que tres jueces diferentes, nuevamente de forma independiente, valorarán sus alegaciones y confirmarán o revocarán la decisión adoptada en la primera instancia".

La "ilusión de impunidad"

"Entendemos el dolor que la provisional privación de libertad está ocasionando

en el entorno de los investigados y en sus seguidores", afirman, "pero en una parte es consecuencia de la 'ilusión de impunidad' creada por el independentismo durante estos últimos años".

"Es imprescindible que esa fantasía se disipe de una vez por todas para que podamos valorar de forma objetiva la enorme responsabilidad que puede llegar a suponer llamar a una parte del pueblo a tomar la calle y rebelarse contra la Constitución, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, contra el Estatut, aprobado por la mayoría de catalanes, o contra sus tribunales, sometidos al imperio de las leyes democráticas, para imponer su voluntad a la otra parte de los ciudadanos de un país, sin respetar ninguno de los procedimientos legalmente previstos", concluyen.