González-Cuéllar resalta la "independencia" de su candidatura al Colegio de Abogados de Madrid

Nicolás González-Cuéllar, abogado en ejercicio y catedrático de Derecho Procesal, encabeza una de las cinco candidaturas que concurren a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados más grande de España.

Se celebrarán el próximo 13 de diciembre, pero la batalla electoral ya ha comenzado. En su primer encuentro con la prensa, celebrado este viernes, González-Cuéllar destaca de su programa tres ideas. En primer lugar, la transparencia, no solo en la campaña electoral -ha propuesto a sus contrincantes que un organismo externo independiente verifique que los gastos se ajustan a los presupuestos que han anunciado "pero no hemos recibido respuesta", afirma - sino también en la gestión del Colegio.

"Nos caracteriza la inexistencia de conexiones con intereses económicos que puedan condicionar la vida del Colegio", sostiene González-Cuéllar. "Publicaremos el origen de los fondos de nuestra campaña, que proceden de los bolsillos de los miembros de la candidatura. Y si hay aportaciones de terceros no tendrá trato ni contrato con el Colegio. Nos gustaría oír esto de los otros candidatos".

A su juicio, "no se pueden aceptar fondos de instituciones con intereses en los cursos de formación o en el arbitraje. Esto no es un club privado, es una corporación pública".

Respecto a la transparencia en la gestión del Colegio, considera "imprescindible" un control de los gastos de la institución y la designación de los puestos discrecionales con criterios objetivos y con una publicidad similar a la que da el Consejo General del Poder Judicial al nombramiento de altos cargos de la Magistratura, a través de la difusión de currículos y entrevistas en un portal de transparencia.

En segundo lugar, se trata de "recuperar la dignidad del abogado", afirma. La Abogacía tiene que ser "influyente", intervenir en la elaboración de las iniciativas legislativas que afectan al derecho de defensa y al ejercicio de la profesión. "Y recibir un trato adecuado en los Juzgados", añade, "no como prurito profesional sino porque somos una parte esencial del sistema de Justicia".

"Sin jueces independientes y sin abogados que ejerzan el derecho de defensa de forma independiente el poder estatal sería arbitrario, tiránico", manifiesta.

Interlocución institucional

González-Cuéllar considera que tiene una mejor posición de partida que otros candidatos para obtener del Gobierno más logros a favor de la Abogacía. Lo cree porque "he tenido la suerte de que representantes el Ministerio de Justicia en distintas legislaturas han contado conmigo para diferentes iniciativas legislativas y soy miembro de la Comisión General de Codificación. Ninguno tiene ese perfil de interlocución institucional porque han estado dedicados a actividades privadas. Yo me he dedicado a la abogacía pero lo he compaginado con la Universidad y con la participación en distintas comisiones institucionales", explica.

Los integrantes de la candidatura resaltan su "independencia". "No estamos al servicio de un despacho, de la corte de arbitraje ni al servicio de un interés particular concreto. Es constatable que Javier Iscar dirige el centro de arbitraje y que José María Alonso ha sido el director de dos importantes despachos, lo cual es loable pero nuestro perfil es más independiente", afirman.

"Orgullosos del turno de oficio"

En tercer término, González-Cuellar plantea reformar el sistema de acceso al turno de oficio y lograr unas retribuciones "justas y a tiempo". Cinco de los miembros de la candidatura son letrados del turno de oficio y, como afirma Beatriz Hernández Abreu, "orgullos de serlo y de devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado".

En relación a los nuevos colegiados, Nicolás González-Cuéllar cree que quienes han obtenido el grado y superado el máster de acceso a la Abogacía deben poder acceder de inmediato al turno de oficio, sin necesidad de realizar un curso adicional en su colegio respectivo. Su propuesta es que los nuevos colegiados realicen prácticas retribuidas por el Estado, que también debería pagar a los letrados tutores.

"Somos abogados normales, de base. Representamos al 90 por ciento del colegio que hasta ahora no ha ido a votar porque no se ha sentido identificados por el Colegio. Eso es lo que vamos a cambiar", concluye.