Por primera vez los exconsejeros de Carles Puigdemont y su mano derecha, Oriol Junqueras, han reconocido públicamente que no forman parte del Gobierno catalán desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo hacen en su propio beneficio, para recurrir su ingreso en prisión. 

Este lunes, tanto el vicepresidente Junqueras como los consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó han presentado un recurso a través de su abogado, Andreu Van den Eynde, contra la prisión ordenada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el pasado jueves. 

En ese recurso, los exmandatarios catalanes defienden que "no hay riesgo de reiteración delictiva" porque "no ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno" y que, la pasada semana, "a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, ya acudieron a la Audiencia Nacional como exconsejeros o exmiembros del Gobierno". 

A diferencia de lo que siguen defendiendo en las redes sociales, donde tanto Puigdemont como su equipo siguen autodenominándose 'President' y 'consellers', ante la jueza defienden que tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 de la Constitución Española "el Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese y no se han adoptado acuerdos".

La jueza dictó prisión incondicional para Junqueras y otros siete exconsejeros catalanes después de tomarles declaración el pasado jueves como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Tan solo el exconsejero de Economía, Santi Vila, ha podido eludir la prisión al depositar una fianza de 50.000 euros porque se apartó del proceso independentista antes de que el pleno del Parlament aprobara la DUI. 

"Daño reputacional durante la campaña electoral"

Los exconsejeros catalanes aluden en su recurso al "daño reputacional" que les puede ocasionar la cárcel en su carrera política. Defienden, de hecho, que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral de cara al 21D.

A diferencia de la idea extendida en los foros políticos, en los que se habla de que el ingreso en prisión de los consejeros podría conllevar el aumento de votos independentistas, los investigados también hablan del deterioro que conllevaría la prisión de cara a su imagen entre los electores. 

El exvicepresidente Junqueras y los otros tres exconsejeros aluden en su recurso a la "situación de evidente indefensión" que aseguran haber sufrido y argumentan que no tuvieron tiempo para preparar sus defensas, ya que fueron avisados con menos de 24 horas de margen para su declaración en la Audiencia Nacional. 

A través de su abogado también defienden que la jueza no admitió la petición que hicieron de no prestar declaración, a pesar de haber presentado un escrito a las 21 horas del día previo a la comparecencia. Un escrito que la magistrada no recibiría oficialmente hasta el pasado jueves a las 9.09 horas, cuando algunos de los investigados ya se encontraban en la sala de vistas de la Audiencia Nacional.