El TS envía a prisión a Forcadell pero podrá salir cuando pague 150.000 euros

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, evitará la prisión incondicional en la que se encuentran los ocho exmiembros del Gobierno de Puigdemont enviados a la cárcel el pasado día 2 por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

El instructor del Supremo, Pablo Llarena, ha decretado esta noche su prisión provisional bajo fianza de 150.000 euros después de recibirle declaración durante más de dos horas y desestimando el criterio de la Fiscalía, que solicitó prisión incondicional al apreciar riesgo de reiteración delictiva. Hasta que reúna la fianza Forcadell dormirá en la prisión de Alcalá Meco.

La Fiscalía no se ha dado por satisfecha con la manifestación de Forcadell sobre su acatamiento de las medidas de intervención de la autonomía de Cataluña impuestas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución y la afirmación de que en estos momentos se encuentra desvinculada de la hoja de ruta hacia la secesión unilateral de Cataluña.

Esas manifestaciones, acentuadas en el turno de última palabra que le ofreció el magistrado al final de la vista sobre medidas cautelares, sí han sido suficientes para LLarena.

El magistrado del alto tribunal ha dejado en libertad a Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet bajo fianza de 25.000 euros, que podrán pagar en el plazo de una semana. Joan Josep Nuet ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

Para los tres primeros los fiscales habían pedido prisión incondicional, igual que para Forcadell. De todos ellos sólo esta última será conducida a prisión hasta que abone la fianza. Cuando sea excarcelada, tendrá prohibido salir del territorio nacional, deberá entregar el pasaporte y deberá comparecer semanalmente en el Juzgado más próximo a su domicilio.

La denegación de las medidas cautelares más graves solicitadas por la Fiscalía no es el único varapalo al Ministerio Público. Llarena tampoco ha accedido a fijar una fianza de 6,2 millones de euros para garantizar el pago de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos en caso de que se produzca una sentencia condenatoria.

En una resolución dictada en la noche de este jueves, el instructor deja la puerta abierta a esa fianza de carácter civil en el futuro, cuando los hechos presuntamente delictivos estén indiciariamente acreditados.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se querelló el pasado 30 de octubre contra los miembros del Govern catalá, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet por delitos de rebelión y, alternativamente, sedición y malversación de fondos públicos.

Las querellas atribuyen a los exgobernantes catalanes y a los miembros de la Mesa el diseño y desarrollo de un "plan estratégico" que "conduciría inexorablemente a la secesión de Cataluña, fin último al que se dirigía la actuación de todos ellos, en un proceso de facto y absolutamente fuera del ordenamiento constitucional".