El magistrado Pablo Llarena, instructor del proceso penal por rebelión iniciado por el Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y los exmiembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura, ha decidido no atender la petición de prisión incondicional reclamada contra ellos por la Fiscalía porque "no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución sino que han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
Traslado a la cárcel de Carme Forcadell.
Llarena descarta el riesgo de reiteración delictiva basándose en esa renuncia de los investigados a actuar al margen de la Constitución, cosa que vienen haciendo desde 2015 con "contumacia", en palabras del Tribunal Constitucional.
El instructor es consciente de que "el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente". Y tampoco se le escapa que "las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces". Pero salva el obstáculo indicando que "en todo caso, [esas manifestaciones de renuncia] han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga".
Ni una coincidencia con el fiscal
El juez del Supremo no ha acogido ni una sola de las medidas cautelares solicitadas por los cuatro fiscales de Sala que actuaron este jueves en las comparecencias de Forcadell, Lluis Corominas, LLuis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
Para los cuatro primeros el Ministerio Público pidió la prisión incondicional en atención, sobre todo, al riesgo de fuga y a la posibilidad de reiteración delictiva. Llarena ha dictado para Forcadell prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros y ha dejado en libertad a Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, a los que impone una fianza de 25.000 euros que podrán depositar en siete días. De esta forma, sólo Forcadell va a estar, temporalmente, en la cárcel y esta noche ha sido conducida a Alcalá Meco.
Los fiscales pidieron para Barrufet prisión eludible bajo fianza y el instructor ha decretado su libertad bajo fianza de 25.000 euros.
La Fiscalía pidió para Nuet libertad con comparecencias periódicas en el Juzgado, lo que ha sido rechazado: queda en libertad provisional.
Finalmente, LLarena tampoco ha aceptado imponer a los investigados una fianza solidaria de 6,2 millones para garantizar el pago de las responsabilidades civiles derivadas de una eventual condena. "Ninguna base probatoria se ha aportado a la querella que apunte a que la celebración del referéndum [del 1 de octubre] fuera soportada con cargo a fondos públicos y menos aún que lo fuera con ese alcance económico", afirma desautorizando la pretensión del fiscal.
La decisión del instructor del Supremo contrasta con la prisión incondicional que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó el pasado día 2 para ocho de los nueve exconsejeros que comparecieron en ese órgano tras la admisión a trámite de una querella por rebelión similar a la presentada en la Sala Penal contra Forcadell y los ex miembros de la mesa.
Rebelión y violencia
Respecto a estos últimos, Llarena constata "la concurrencia inicial de todos elementos que precisa la calificación de rebelión que el Ministerio Fiscal sustenta en su querella" (aunque no cierra la puerta a una posterior calificación del delito como sedición) y atribuye a los querellados "la intencionalidad de desmembrar la integridad territorial".
También aprecia la existencia del requisito de que el alzamiento para conseguir la independencia sea "violento" ya que "no resulta exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla".
El instructor señala que los exmiembros de la Mesa del Parlament querellados "posibilitaron el debate y la aprobación de las diferentes resoluciones en las que descansó el proceso para la declaración de independencia y posibilitaron también las leyes inconstitucionales con las que se le dio cobertura".
En particular, atribuye a Carme Forcadell una "actuación principal" en todo ello, "tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso [soberanista] como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos períodos".
Pese a ello, Llarena no ha aceptado la prisión incondicional reclamada por la Fiscalía en atención a las manifestaciones realizadas por los investigados especialmente durante un turno de última palabra que les ofreció al final de la vista para debatir las medidas cautelares. En ese momento, como adelantó EL ESPAÑOL, los querellados se desmarcaron del pròces y ello les ha servido para seguir en libertad, tal como quería el Gobierno.