La Fiscalía no va a recurrir la decisión del juez del Supremo Pablo LLarena de permitir a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, eludir la prisión preventiva mediante la prestación de una fianza de 150.000 euros.

Aunque ninguna de sus peticiones de medidas cautelares para Forcadell y para los otros cinco exmiembros de la Mesa del Parlament querellados por rebelión fueron acogidas el pasado jueves por Llarena, el Ministerio Público no va a impugnar la decisión judicial porque valora especialmente la renuncia a actuar al margen de la Constitución expresada ante el juez por Forcadell y el resto de los investigados.

La Fiscalía subraya que esas renuncias se produjeron de forma clara en el turno de última palabra que ofreció LLarena al finalizar la vista en la que se debatió la adopción de medidas cautelares. Antes, durante las declaraciones de cada uno de los investigados, sólo Ramona Barrufet fue lo suficientemente contundente sobre su renuncia a actuar al margen de las vías legales y fue por ello que los fiscales pidieron fianza en su caso y prisión incondicional para Forcadell, LLuis Corominas, LLuis Guinó y Anna Simó.

Una vez valorado lo que los investigados expresaron en la vista de medidas cautelares y examinada la resolución del instructor, la Fiscalía no recurrirá en atención a "la circunstancia sobrevenida de que los querellados han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura o que los que desean seguir ejerciéndola lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Ello "excluye o minimiza, al menos en este momento, el riesgo de reiteración delictiva que ha venido constituyendo hasta la fecha el fundamento esencial para las solicitudes de prisiones incondicionales formuladas por la Fiscalía", ha explicado el Ministerio Público en un comunicado.

Lejos de atacarla, el Ministerio Público extrae de la resolución de LLarena lecturas favorables a sus tesis. "El auto admite con una rigurosa y extensa fundamentación el

planteamiento formulado en la querella", considera, "por lo que la causa va a seguir tramitándose para investigar los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación".

La resolución, "aun no accediendo a todas las pretensiones de la Fiscalía, acuerda respecto de los querellados –salvo Joan Josep Nuet- medidas tendentes a

evitar el riesgo de fuga (fianzas, obligación de presentaciones periódicas, retiradas de

pasaporte, prohibición de salir de territorio español)" y además "tiene en cuenta la circunstancia de que los querellados se han presentado siempre que han sido citados, a diferencia de otros encausados 'que se encuentran actualmente fugados'", afirma en referencia al expresident catalán Carles Puigdemont.

Respaldo a Lamela

La Fiscalía quiere dejar expresa constancia de que, a su parecer, la decisión de LLarena "en modo alguno contradice, afecta o deslegitima las resoluciones sobre medidas cautelares adoptadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 [el de Carmen Lamela], que han sido tomadas conforme a Derecho y rigurosamente fundamentadas en el evidenciado riesgo de fuga y de reiteración delictiva concurrente en los querellados en dicho procedimiento [los exconsejeros], distintos de los riesgos que concurren en los querellados ante el Tribunal Supremo".

Los fiscales tienen "especialmente en cuenta" para no recurrir que el juez del Supremo deja abierta la posibilidad de modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga.