El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reunió el pasado viernes a los fiscales de Sala que 24 horas antes habían pedido la prisión incondicional para Carme Forcadell y para varios exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, una petición no atendida por el instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Les preguntó si había que recurrir la decisión. "¿Recurrir? ¡Pero si esa resolución habría que enmarcarla!", contestó Jaime Moreno.
Tiene razón: por debajo de la (desconcertante) benevolencia de Llarena en cuanto a la situación personal de libertad en la que han quedado los seis querellados, el auto acoge las principales tesis de la Fiscalía respecto al delito de rebelión, incluida la discutida concurrencia del requisito de la violencia del alzamiento independentista. "Para que el alzamiento sea violento no es exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes", afirma Llarena. "Es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos (...) por existir una determinación de alcanzar 'a todo trance'" la separación de una parte del territorio nacional.
Tengo que confesar que para mí fue decepcionante la decisión del instructor de acordar para Carme Forcadell la prisión eludible bajo una asequible fianza, que denotaba a todas luces que el juez la quería en libertad rápidamente. Todos los días se decretan prisiones preventivas por delitos infinitamente menos graves y con una probabilidad de reiteración delictiva al menos similar a la que es apreciable en quienes no han dejado de avanzar en su desafío a la Constitución pese a los procesos penales abiertos y a las constantes advertencias del TC. Este es un extraño país: se puede dar un golpe de Estado para destruir nuestra convivencia democrática y la respuesta es dejarte en la calle para que participes en una campaña electoral.
A la jueza Carmen Lamela, cuya decisión he apoyado en esta sección, se le debió caer el alma a los pies el jueves por la tarde. Y no sólo a ella. Altos cargos del Poder Judicial estaban convencidos de que Llarena acordaría la prisión incondicional de Forcadell. No la de los demás, pero sí la de la presidenta del Parlament. Sin ella el avance del proceso separatista hubiera sido imposible. El propio instructor había dado señales de que ese era su criterio. ¿Qué pasó, entonces?
Lo que ocurrió es que el instructor cambió de opinión. Y lo más seguro es que él haya acertado y yo esté equivocada. El precio de confiar en la independencia de los jueces incluye que sus decisiones te puedan decepcionar. Pero es que, además, algunas de las mentes judiciales más lúcidas que me han dado su interpretación (magistrados realmente excelentes que no están en Madrid, sino en Cataluña, y por ello tienen elementos de juicio de los que yo carezco) consideran que Llarena hizo lo mejor: aplicar el Derecho para que la que iba para Juana de Arco de la República catalana, liderando a las masas hacia la independencia, acabara comprometiéndose a actuar dentro de la Constitución española.
Desde luego, no lo hizo solo. Fue clave que la Fiscalía trazara una distinción entre Ramona Barrufet -para la que pidió prisión eludible bajo fianza tras haber declarado que la vía unilateral hacia la independencia había sido un error y asegurar que renunciaba "a cualquier actuación fuera del marco constitucional"- y los casos de Forcadell, Corominas, Guinó y Simó, para los que reclamó prisión incondicional en atención al peligro de reiteración delictiva que se desprendía de sus evasivas manifestaciones sobre sus intenciones futuras.
Cuando aquellos cuatro escucharon la firmeza de los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena (importa subrayar: poniendo de manifiesto, una vez más, que para la Fiscalía el deseo del Gobierno de que no se pidieran prisiones tuvo incidencia cero), cuando el riesgo cierto de ir a prisión fue evidente se produjo un punto de inflexión: la defensa pidió un turno de última palabra y los cuatro, uno a uno, suscribieron las manifestaciones de Barrufet y garantizaron su sometimiento de la legalidad.
Y ahí tenemos un 9 de noviembre -aniversario de la primera consulta independentista, ya es casualidad- a la 'Juana de Arco' del independentismo catalán, la que no ha dejado de repetir "nuestro adversario es el Estado español", la que en su primer discurso en el Parlament declaró abierto el "proceso constituyente", la que se conjuró para "ejercer la autodeterminación" y "proclamar el Estado catalán libre y soberano" y la que terminó gritando "¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva la República catalana!", bajándose del carro delante de un juez del Tribunal Supremo español y acojonada por los fiscales del Estado.
Res ipsa loquitur. Las cosas hablan por sí solas. Forcadell, que encarnaba esa voluntad de alcanzar "a todo trance" la ruptura con España de la que habla Llarena en su auto, ha dejado de ser ese referente. Su actuación sumisa ante la perspectiva de acabar entre rejas es -me aseguran- una bomba que ha explotado en la estrategia independentista. "Que quien ha liderado el movimiento y se ha caracterizado por su desprecio de la Constitución acabe acatándola en cuanto se ve apurada tiene tal potencia deslegitimadora del discurso independentista que el juez debía valorarlo", señalan. Ojalá sea así. Pero la lupa del Supremo y de la Fiscalía deben permanecer sobre ella, no vaya a ser que 'Juana' vuelva a ponerse la máscara y tenga la tentación de tomarnos el pelo.
