La jueza Lamela: "No se persigue a los exconsejeros por sus ideas"

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado el recurso de reforma presentado por los exconsejeros del Gobierno catalán, Meritxell Serret y Antoni Comín, contra el auto que acordaba su busca y captura y la Orden Europea de Detención y Entrega.

Los exconsejeros que viajaron a Bruselas junto con Carles Puigdemont y que se negaron a declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional, defendieron que se encontraban ante una "persecución política". También solicitaron declarar por videoconferencia desde Bruselas.

La jueza ha rechazado el recurso de reforma y la declaración por medio de videoconferencia y explica que "los hechos realizados por los recurrentes e investigados se refieren a actos llevados a cabo no como diputados, sino aprovechando tal condición y su condición de Consejeros del Govern de la Generalitat para fines ilícitos".

En este sentido, la jueza expone que "no se les persigue ni por sus ideas ni por defender la independencia de Cataluña, sino por tratar de cambiar totalmente el margen de las vías legales la forma de gobierno participando decisivamente en los actos que desembocaron en la celebración de un referéndum independentista para lograr en España la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su constitución en República independiente".

Piden un trato igual que los investigados en el Tribunal Supremo

Los exconsejeros del Gobierno catalán Josep Rull y Jordi Turull también han presentado un escrito a la jueza Carmen Lamela que les envió a prisión en el que piden que retire la medida cautelar de la fianza de 6,2 millones de euros sobre todo el equipo de Gobierno de Puigdemont porque consideran que es "improcedente y arbitraria". 

En ese escrito remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional, el abogado de Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, argumenta que en la causa abierta contra Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlament catalán en el Tribunal Supremo, se denegó la medida cautelar de la fianza de 6,2 millones de euros a pagar entre todos los investigados por el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). 

Mantiene la defensa de los exconsejeros que siendo idénticas las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo "a unos no les aplicara medida real alguna y en cambio este Juzgado persistiera en su primigenia decisión, pues se estaría conculcando el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley".

Por eso, piden a la jueza que retire la medida porque "en el auto no decía absolutamente nada acerca de qué motivos se tomaron en consideración para imponer a los querellados una fianza tan sumamente gravosa".

Los dos exconsejeros han presentado también sendos recursos de apelación contra la medida de la juez de citarles a declarar el 2 de noviembre y de imponerles una fianza.