Lamela sospecha que el 1-O se pagó con fondos públicos no destinados a ese fin

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, mantiene la fianza de 6,2 millones de euros contra los miembros del Govern investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por su responsabilidad en la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Rechaza la petición de las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó para que les fuera retirada.

Esa cifra de 6,2 millones que la Fiscalía General del Estado reclama conjuntamente a Puigdemont y su equipo de Gobierno, a los líderes de ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, a la intendente Teresa Laplana y a los miembros de la mesas del Parlament, equivale a la cantidad con la que los propios organizadores valoraron el coste del referéndum. 

El Tribunal Supremo rechazó imponer esa fianza a los miembros de la mesa del Parlament, pero la jueza Lamela insiste en que el hecho de que "la Intervención General de la Generalitat de Cataluña haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines".

Lamela recuerda que en la investigación se ha partido de la citada cantidad de 6,2 millones de euros porque "es la cifra en que los propios querellados cuantificaron el gasto que habría de ocasionar la celebración del referéndum". Además, recuerda que el Ministerio Fiscal señala en la querella a la consejera de Gobernación Meritxell Borrás, a la que acusa de "adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum".