La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP en la causa por la destrucción de los ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas en un auto en el que desestima los recursos presentados por la Fiscalía, el propio partido y el resto de acusados: su tesorera actual Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán.
Todos recurrieron el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, pero la Audiencia confirma la decisión del juzgado número 32 de Madrid en un auto contra el que no cabe recurso.
La sección rechaza los argumentos de los recurrentes y sostiene que hay "indicios suficientes" de la comisión de posibles delitos de de daños informáticos previsto en el artículo 264.1 del Código Penal y de encubrimiento previsto en el artículo 451.2 del mismo cuerpo legal.
El auto de la Audiencia analiza la compra de los ordenadores, que según la versión de Luis Bárcenas fueron adquiridos con dinero particular, y por lo tanto, serían de su propiedad. El escrito judicial destaca que el Partido Popular no ha sido capaz de acreditar la titularidad de los sistemas informáticos destruidos, ni con facturas ni con un inventario que confirme los números de serie de los ordenadores y discos duros.
De hecho, el caso arrancó cuando fue el extesorero del partido quien denunció la sustracción de los ordenadores de la oficina que, pese a estar oficialmente despedido, mantenía en la sede central del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid.
En su declaración ante el juez instructor, el responsable de informática del partido aseguró que el disco del ordenador utilizado por Bárcenas, que pudo contener información importante para las investigaciones en curso, había sido borrado con anterioridad. "Debemos entender que el investigado se refiere a que estaban vacíos de datos personales, distintos a los del sistema", explican los magistrados en su auto, ante la evidencia de que sin un solo dato en el disco, es imposible que el ordenador funcione.
Sin embargo, la versión de Bárcenas sonre el contenido del disco duro es distinta. Ante el juez instructor, el exsenador y hombre de las finanzas del partido mantuvo que el portátil tenía "pantallazo del correo electrónico con Luis Molero, jefe de la caja del partido, sobre la revocación de sus poderes, por decisión suya. Correos con su secretaria, Estrella Domínguez, para que escaneara documentos. Con el Banco Popular. Documentos sobre Libertad Digital con Álvaro Lapuerta, que autorizaba la disposición de fondos de la contabilidad B de l partido. Con listado de donantes, ante los quie hizo gestiones Álvaro Lapuerta, para que suscribieran acciones en la ampliación de capital. Agenda pede personas con las que se habían reunido, con detalles de las reuniones y donantes,..." Y así hasta media página de documentos sobre campañas electorales o cuentas bancarias en Suiza que estaban guardados, según Bárcenas, en el disco duro de ese ordenador.
Protocolo de borrado seguro
Los magistrados que han sentado al PP en el banquillo de forma definitiva observan contradicciones incluso en la existencia de un protocolo de borrado seguro, que explicaría la decisión de borrar el dispositivo al cambiar a un nuevo usuario. "Sabemos que el al manos uno de los equipos, el Toshiba, no fue reasignado [a otra persona dentro del partido] por obsoleto,y del otro, del MacBook, nada se nos justifica", explica la Audiencia Provincial de Madrid en su escrito. "Se cuestiona por el Juzgado de Instrucción que, con independencia de la existencia de un protocolo como tal o de una práctica más habitual, la intención de los investigados fuera en realidad la de ocultar ciertos datos existentes en los equipos", prosiguen los magistrados.
En sus recursos anteriores, el Partido Popular mantenía que el borrado de los ordenadores con información importante para las investigaciones en curso "de ser cierto, no sería constitutivo de infracción penal". Algo que los magistrados firmantes del escrito no comparte.