El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha abierto juicio oral contra 35 personas físicas y jurídicas, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, el vicepresidente José Luis Olivas y la consultora Deloitte. Durante cinco años en el 'caso Bankia' se han investigado los presuntos delitos de falsedad en las cuentas de 2010 y 2011 de la entidad y el fraude a los inversores en la salida a Bolsa. Los acusados comenzarán a prestar declaración ya en 2018.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan una pena de cinco años de cárcel para Rato, cuatro años para José Luis Olivas, tres para José Manuel Fernández Norniella, consejero de la entidad y dos años y siete meses para Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia. Además, también pide una fianza de 60.000 euros para cada uno de ellos y la inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan una pena de cinco años de cárcel para Rato, cuatro años para José Luis Olivas, tres para José Manuel Fernández Norniella, consejero de la entidad y dos años y siete meses para Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia. Además, también pide una fianza de 60.000 euros para cada uno de ellos y la inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria.
Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, pero sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años de prisión para las personas físicas y 1,1 millones de euros de multa para las jurídicas.
El Ministerio Fiscal pide que los acusados indemnicen de forma conjunta a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión, con exclusión de quienes hayan sido indemnizados por Bankia. La Abogacía el Estado, por su parte, considera que los acusados son responsables civiles directos y como tales deben indemnizar al FROB por las cantidades en que el patrimonio de BFA y Bankia se haya visto mermado como consecuencia de los procedimientos civiles instados por inversores que acudieron a la salida a bolsa de la entidad financiera.
El Ministerio Fiscal pide que los acusados indemnicen de forma conjunta a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión, con exclusión de quienes hayan sido indemnizados por Bankia. La Abogacía el Estado, por su parte, considera que los acusados son responsables civiles directos y como tales deben indemnizar al FROB por las cantidades en que el patrimonio de BFA y Bankia se haya visto mermado como consecuencia de los procedimientos civiles instados por inversores que acudieron a la salida a bolsa de la entidad financiera.
En su auto de apertura de juicio oral, Andreu considera que hay indicios suficientes para afirmar que los administradores de BFA y Bankia "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban (...) de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada como para el Estado".
En cuanto a la consultora Deloitte, el juez apunta en su escrito a que conocía que las cuentas habían sido falseadas y aún así no habrían hecho nada para evitarlo. Concretamente dice que "no se debe descartar la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados".