La Fiscalía belga ha informado a favor de la entrega a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros que se encuentran con él en Bélgica, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comí y Meritxell Serret. Reconoce todos los hechos que la jueza Carmen Lamela atribuye indiciariamente en la euroorden emitida, aunque no tiene claro todavía los relativos al delito de malversación.
Hay que tener en cuenta que la Orden Europea de Detención se basa en la entrega por unos hechos, no por un delito, por lo que es independiente la calificación jurídica del delito en el estado emisor y de ejecución.
Durante una vista en el Palacio de Justicia de Bruselas que ha durado apenas una hora, la Fiscalía belga ha pedido que se ejecute la euroorden emitida por la Audiencia Nacional contra Puigdemont salvo para el delito de malversación. El juez ha emplazado a los investigados para una vista el próximo 4 de diciembre.
"Hemos tenido una audiencia serena con el fiscal, que ha presentado sus peticiones. Vamos a examinar el litigio el 4 de diciembre", ha comentado el abogado Christophe Marchand al término de la vista. "El fiscal ha pedido que se ejecute la orden europea de entrega salvo para un hecho", ha explicado.
La Justicia belga aplaza hasta el 4 de diciembre la decisión sobre qué hacer con Puigdemont
La Fiscalía belga acepta la mayoría de los hechos
La juez Lamela investiga a Puigdemont y los exconsellers por los presuntos delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación. El 4 de diciembre se celebrará una nueva vista a puerta cerrada, pero tampoco es seguro que el juez vaya a decidir en esa fecha sobre la euroorden. Ni Puigdemont ni los exconsellers se han dejado ver durante la vista.
Penas inferiores a las de España
El problema ahora es la diferencia de penas. El delito belga de 'coalición de funcionarios' está castigado con un máximo de seis meses de cárcel, frente a los 15 años de la sedición en España. La Fiscalía y el juez deberán examinar ahora si esta disonancia les plantea problemas. El otro delito, el de malversación, está reconocido tanto en Bélgica como en España.
Los abogados de Puigdemont -entre ellos el representante histórico de ETA en Bélgica, Paul Bekaert- piden al tribunal belga que rechace su entrega. Alegan que en España será sometido a un "juicio político". Es decir, que no se le persigue por hechos constitutivos de delito sino por sus ideas políticas independentistas. La denegación de un juicio justo constituye una vulneración de derechos fundamentales que justificaría tumbar la euroorden.
Puigdemont se encuentra en situación de libertad vigilada en Bélgica desde el pasado 5 de noviembre, a la espera de la decisión sobre la euroorden. No puede irse del país sin permiso del juez, ha debido comunicar un domicilio fijo en Bruselas y tiene que presentarse a la policía o la justicia cada vez que sea convocado. Según la normativa de la UE, la justicia belga dispone de un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la entrega del expresidente catalán, prorrogables a 90 en casos extraordinarios.