Ruedas rajadas y pintadas: el día a día del acoso a jueces y fiscales en Cataluña

Hora del café en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Una magistrada se acerca a coger su desayuno. En una mesa tras ella, están sentados otros funcionarios del juzgado. En la solapa de sus chaquetas brillan los lazos amarillos por la libertad de los Jordis. Cruzan miradas de reojo, cargadas de desconfianza. La magistrada vuelve a su despacho con ganas de decirles que "no dependen de la Generalitat ni le deben nada, y que son funcionarios del Estado al que deben respetar". Pero no lo dice. No lo dice porque, como otros magistrados y fiscales catalanes se siente "hundida" y cree que no se puede "defender".

Es el testimonio de una jueza procedente de una provincia del interior de España (ni ese dato quiere desvelar) que lleva más de 10 años trabajando en Barcelona. Está casada con un catalán y sus hijos también son catalanes, pero quiere trasladarse a otra comunidad. No es la única. Asegura a EL ESPAÑOL que otros compañeros de la carrera judicial, incluso algunos muy veteranos, "han puesto sus casas en venta para trasladarse a otras provincias españolas" por las presiones sufridas, sobre todo en los últimos meses del desafío separatista. También asegura que cada vez son más las solicitudes de cambio ante el Consejo General del Poder Judicial.

Tras el referéndum del 1 de octubre, los magistrados que desarrollan su actividad en Cataluña han sido víctimas de insultos y gritos a las puertas de sus lugares de trabajo. Uno de ellos subraya que las manifestaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona han sido constantes, con las presión que ello supone. "Sólo venimos a hacer nuestro trabajo, pero nos tratan como si fuéramos nosotros  [y no los miembros del Govern] quienes hemos obrado en contra de la ley", denuncia el juez.

Sabotaje a las puertas del trabajo

Según cuentan los magistrados consultados, el "desprecio" por parte del mundo independentista hacia los profesionales de la judicatura se ha multiplicado en los últimos meses. Hace unos días, en la provincia de Gerona, donde el anonimato es más difícil, un magistrado fue a coger su coche en el aparcamiento de su trabajo y se encontró con las cuatro ruedas rajadas. No es el único que ha sufrido sabotajes. También denuncian que otro juez encontró pintadas en la puerta de su casa de verano.

"Los sabotajes, afortunadamente, no son generalizados. Se han producido casos contados, pero el desprecio y la presión sí es una constante", explica la magistrada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. "Siento que están atacando la base de mi vida, de mi trabajo, que es la Constitución", explica.

Esta misma semana salía a la luz el sabotaje a la fiscal general de Barcelona, Ana Magaldi, en su segunda residencia del bajo Pirineo. Alguien entró en la vivienda el pasado domingo por la tarde y le cortó los cables de la televisión, la luz y el sistema de riego de su jardín. Hace unos meses, antes incluso del anuncio del referéndum del 1 de octubre, la fiscal ya había denunciado insultos.

Los fiscales también están en el punto de mira

Durante el funeral del fiscal general José Manuel Maza el martes en Madrid, un fiscal madrileño comentaba a Magaldi a las puertas de la capilla ardiente: "Que sepas que aquí (en Madrid) te tenemos muy presente. Estamos contigo". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también denunciaba  los ataques a fiscales y magistrados en un acto en el que participó este día.

Fuentes del Ministerio Público de Barcelona cuentan también que los hijos de algunos fiscales "han sido insultados en sus colegios por llevar símbolos españoles, como una pulsera de España en la muñeca", otro de los ataques que se ha repetido en varias ocasiones.

Precisamente la entrada del independentismo en las aulas es una de las principales razones por la que algunos magistrados y fiscales se están planteando cambiar de región. Una de las fuentes consultadas por este diario asegura que "cada vez se hace más complicado encontrar centros en los que el independentismo no se haya instaurado en los programas de estudios como una asignatura más" y se hace indispensable acudir a centros privados para encontrar una educación en la que se defienda la Constitución o al menos no se ataque al Estado.