La marcha atrás de los exconsejeros no convence al fiscal: que sigan en prisión

El próximo lunes -pocas horas antes del comienzo de la campaña electoral catalana- el magistrado del Supremo Pablo Llarena dará a conocer si deja en libertad a los ocho exconsejeros catalanes y a los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium, encarcelados por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Pero si los saca de prisión, lo hará contra el criterio del fiscal y de la acusación popular que ejerce el partido Vox.

Para la Fiscalía, "nada ha cambiado". Las manifestaciones realizadas este viernes por los 10 encarcelados para tratar de revertir esta situación no han convencido a los fiscales de Sala Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que, en coincidencia con la acusación popular, consideran que sigue existiendo riesgo de fuga (en Bruselas permanecen, prófugos, sus excompañeros de Gobierno, con Carles Puigdemont a la cabeza) y también riesgo de reiteración del delito de rebelión que se les imputa, es decir, el peligro de que aprovechen la puesta en libertad para seguir en un proyecto secesionista al margen de la ley.

El exvicepresidente del Gobierno catalán y exconsejero de Economía, Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull y Jordi Turull y los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez han comparecido este viernes ante el instructor del Supremo, Pablo Llarena, para pedir que revise su situación de prisión porque todos, salvo Borràs, van a concurrir a los comicios del 21 de diciembre y quieren hacer campaña en libertad.

Han sido comparecencias breves, de unos 20 minutos, en las que primero han contestado a las preguntas de su defensa -"¿acata el artículo 155 de la Constitución?", ha sido la primera-, después a las del fiscal y finalmente a las del abogado de Vox, Javier Ortega. Todos han respondido a las acusaciones salvo Junqueras y Romeva.

Los 10 investigados han vuelto luego a las prisiones de Estremera, Soto y Alcala-Meco a la espera de conocer su suerte el lunes a las 9 de la mañana. El dinero que tenían preparado para pagar las eventuales fianzas tendrá que aguardar.

Las defensas siguen confiando en que, pese a la posición de las acusaciones, Llarena les permitiré eludir la prisión. Lo piensan así porque todos, con mayor o menor contundencia, han seguido la vía Forcadell, que el pasado 9 de noviembre permitió a la presidenta del Parlament y a los cinco exmiembros de la Mesa investigados eludir la cárcel.

Los 10 han acatado la aplicación por el Gobierno de España del artículo 155 de la Constitución y han venido a admitir una renuncia a la imposición unilateral de la independencia afirmando su compromiso de ejercer la actividad política "dentro del marco legal". Algunos, como Forn y Mundó, han hablado de la reforma de la Constitución "por los cauces que marca" y todos han indicado que se inicia una "nueva estrategia" que no se basa en la unilateralidad sino en "el diálogo" para que se reconozca el "derecho a decidir" de los catalanes.

A la Fiscalía y a Vox todo esto no les parece un cambio significativo que aleje el riesgo de reiteración delictiva. El fiscal de Sala Jaime Moreno, que asumió la intervención final del Ministerio Público, sostuvo que los hechos que se investigan son "muy graves" y que los motivos que tuvo Lamela para encarcelarles no han desaparecido por las meras manifestaciones de los investigados, que las han realizado sólo guiados por su afán de salir de prisión.

"Ni atismo de someterse a la ley"

En un comunicado hecho público para explicar su posición, la Fiscalía afirma que el riesgo de sustracción a la acción de la justicia "debe calibrarse teniendo en cuenta, entre otros factores, la gravedad y extensión de las penas que finalmente pudieran ser impuestas y evaluando la actual situación del expresident y de los exconsellers de la Generalitat que, siguiendo un plan preconcebido, se encuentran en Bruselas, prófugos de la Justicia".

La Fiscalía mantiene también que siguen existiendo indicios de que los investigados, de ser puestos en libertad, podrían destruir pruebas."El incidente acaecido el pasado mes de octubre, en relación con el intento de eliminación de documentos por medio de una incineradora, evitado por la intervención de la Policía, es ilustrativo de la posibilidad de destrucción de material que pudiera ser comprometedor para los investigados", afirma.

En relación a la reiteración delictiva, la Fiscalía considera que "no se ha modificado la voluntad expresada por los investigados".

"La fórmula de acatamiento del artículo 155 de la Constitución no ha implicado el reconocimiento de ningún cambio. En las expresiones referidas a la Constitución como amplia y flexible no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente", concluye.