Al César lo que es del César. La idea de desactivar la euroorden contra Puigdemont para que los jueces belgas no tengan la oportunidad de arruinar el proceso por rebelión, dando la razón a quienes les acusan de hispanofobia, no fue del juez Llarena sino de la Fiscalía.
La idea surgió en una reunión celebrada los últimos días de noviembre por los cuatro fiscales de Sala encargados de esta causa: la exfiscal general Consuelo Madrigal, Fidel Cadenas, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. Aunque la vista sobre la euroorden aún no se había celebrado, las noticias que iban llegando de Bruselas apuntaban a la posibilidad cierta de que los belgas rechazaran entregar a Puigdemont por cargos de rebelión o sedición. Y, peor aún, podían poner en cuestión el carácter delictivo de los hechos, dando alas ante toda Europa al alegato de los prófugos de que se trata de una 'causa política'.
"Los belgas nos han jodido siempre que han podido. Lo han hecho negándonos entregas de terroristas y ahora, en un proceso como éste, todavía más", explican desde la Fiscalía, que salvan de la crítica a la Fiscalía belga, defensora de la posición española.
Fueron los propios fiscales belgas los que desde el principio advirtieron de que las cosas no iban a ser fáciles. El número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, viajó a La Haya poco después de que la jueza Carmen Lamela pusiera en marcha la euroorden (3 de noviembre) para reunirse con sus colegas belgas. El encuentro fue propiciado por Francisco Jiménez Villarejo, representante de España en Eurojust y también fiscal, y en él los belgas no dieron ninguna garantía de que la euro-orden pudiera prosperar en los términos en que había interesado España. Al menos Carballo volvió a Madrid con el compromiso de los fiscales belgas de que recurrirían si los jueces no daban la razón a la Justicia española.
Puigdemont en la manifestación de este jueves en Bruselas./
Unos días después la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional debatía la petición de Bruselas de entregar a un presunto narcotraficante detenido en España. Alguien sugirió, más en broma que en serio (o quizá no), la posibilidad de pedir un informe sobre las condiciones de las prisiones belgas. Los magistrados resistieron la tentación y firmaron la entrega.
La Justicia española -éste es el fondo del asunto- se cree los principios de confianza recíproca y reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales que inspiran el tercer pilar de la Unión Europea. Pero dado que, lamentablemente, no se puede decir lo mismo de los belgas, los generales de la carrera fiscal llegaron la pasada semana la conclusión de que lo mejor era retirar la euroorden contra Puigdemont y demás valientes. Mejor enfadar a los belgas que arriesgarse a que cercenen el proceso y, encima, quedar como idiotas.
El viernes 1 de diciembre, Moreno y Madrigal aprovecharon las comparecencias de Junqueras y los exconsejeros en el Tribunal Supremo para trasladar la idea a Llarena. El instructor no les dio entonces una respuesta concluyente pero cuatro después, sin dar traslado previo, la hizo suya y revolucionó no sólo el proceso sin también la recién estrenada campaña electoral catalana.
Es la primera vez que se retira una euroorden, una acción que ni siquiera está expresamente regulada en la Decisión Marco. El conejo sacado de la chistera tiene su parte genial, ya que obliga a Puigdemont a optar entre el estatus de prófugo permanente o el estatus de encarcelado en cuanto pise España.
El expresident no tiene que volver a España para adquirir la condición de diputado en la nueva Cámara. Puede realizar por poderes la recogida de la credencial aunque -ojo- tendrá que presentar un escrito en el que "prometa o jure respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña" (artículo 23 del Reglamento del Parlament). Si no lo hace, no accederá al pleno ejercicio de la condición de parlamentario.
Lo que es indelegable es la votación para la elección de la Mesa del Parlament, que se realiza "por medio de papeletas, que los diputados han de entregar a la Mesa de Edad para que sean depositadas en la urna preparada a tal fin" (artículo 43 del Reglamento), ni tampoco la participación en el debate de investidura, en el que "el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno" (artículo 146).
El segundo es un momento de extraordinaria relevancia en la vida de la Cámara que requiere la asistencia personal de los diputados. No cabría delegar el voto en otro diputado, no sólo por la propia naturaleza del acto sino porque la misma norma (artículo 93) prevé la delegación únicamente con motivo de una baja por maternidad o paternidad o en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada "debidamente acreditadas". De modo que si Puigdemont quiere aspirar a volver a presidir la Generalitat no tiene otro remedio que regresar a España. Y del Parlament a Estremera.
También puede permanecer sine die en Bélgica con su credencial de diputado en el bolsillo. Pero entonces, como ha explicado en EL ESPAÑOL Jorge Sáinz, Carles Puigdemont y los otros cuatro valientes restarán al independentismo cinco votos que puede resultar decisivos. Podrían, entonces, entregar el acta y que los siguientes de las listas de JxCat y ERC ocupen sus escaños. Pero en Bruselas y sin posibilidad de intervenir en la nueva legislatura, se abren las apuestas para adivinar cuántos segundos tardan, incluso los suyos, en ignorarles.
El conejo de la chistera tiene, no obstante, su parte negativa. Si Puigdemont se queda en Bruselas puede comprometer la intención del Supremo de tramitar el proceso a velocidad de crucero, de modo que o la causa se eterniza o habría que juzgar antes a los exconsejeros y exmiembros de la Mesa del Parlament que están en España. En otras palabras, un juicio sin el principal acusado en el banquillo.
De otro lado, el instructor del Supremo ha anulado la orden internacional de busca y captura de Puigdemont, Comin, Ponsatí, Puig y Serret, lo que ha sorprendido a la Fiscalía. El expresident catalán puede irse a hacer campaña con Assange en Londres o desplazarse a Perpiñán o a cualquier otro lugar de la Catalunya Nord, jugando al gato y al ratón con la Justicia española. ¿Qué hace entonces el juez? ¿Emitir una orden de detención deprisa y corriendo? Como escribió Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. Así que cuidado con la chistera.
