Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia Corporación, está citado a declarar este lunes en la Audiencia Nacional como investigado (imputado, según la anterior denominación legal) por un presunto delito de tráfico de influencias en relación con su supuesta intermediación con las Administraciones públicas para conseguir subvenciones y créditos blandos a favor de Zed, empresa tecnológica que fue líder en el sector de productos y servicios para móviles (estuvo valorada en más de 1.000 millones de euros) y hoy se encuentra en quiebra.
Las diligencias, que tramita el juez central de instrucción Manuel García-Castellón, se iniciaron por una querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 27 de junio y que llevó a la cárcel al fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, durante 21 días. A Pérez Dolset se le atribuye, entre otros delitos, la quiebra fraudulenta de Zed, que habría decidido descapitalizar tras ser objeto de una maniobra de estrangulamiento por parte de su socio ruso, la empresa VimpelCom, vinculada a uno de los hombres más ricos de Rusia, Mihkail Friedman, implicado en el supuesto espionaje llevado a cabo en Estados Unidos para favorecer a Donald Trump.
Durante la vista en la que Anticorrupción solicitó la prisión incondicional de Pérez Dolset, celebrada el 30 de junio pasado, el fiscal José Grinda sostuvo que Mauricio Casals "ofreció su influencia política" al directivo de Zed para conseguir subvenciones y ayudas de los Ministerios de Economía y, sobre todo, de Industria. Ésta fue la comparecencia de Pérez Dolset, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El nombre de Mauricio Casals figura entre los 19 querellados por la Fiscalía Anticorrupción, que antes de judicializar el caso llevó a cabo sus propias diligencias de investigación. En ellas, Pérez Dolset manifestó que las tareas de obtención de financiación pública se realizaron bajo el asesoramiento de Planeta, accionista de Zed, y que Casals "tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas".
Pérez Dolset entregó a los fiscales correos electrónicos y facturas de los que, según la querella, "se infiere que este cometido [obtener subvenciones y créditos] se ejecutó esencialmente por Mauricio Casals".
El fundador de Zed "refiere que para este fin Casals ofrecía su influencia política a través de sus supuestos contactos y posición social, así como una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita", afirma la querella.
"Por estas labores de 'asesoramiento y relaciones institucionales' para la obtención de ayudas públicas, el grupo Zed pagó a la sociedad Audiovisual Española 2000 SL [editora de La Razón] la cantidad de 2.125.000 euros entre los años 2009 a 2013", afirman los fiscales.
El dinero habría sido facturado a Zed por Audiovisual Española "sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas" y por conceptos "amplios o indeterminados".
En su declaración ante el juez instructor del 13 de julio, Javier Pérez Dolset modificó las manifestaciones realizadas en la Fiscalía y afirmó "rotundamente" que Casals "no ha presionado ni urdido una trama para conseguir subvenciones".
Dolset se echa para atrás
Mauricio Casals "jamás ha participado en un soborno ni en una presión ni en nada que se le parezca", manifestó en esa declaración judicial el directivo de Zed, que atribuyó los 2,1 millones entregados a Audiovisual Española a "patrocinios" que no supo concretar.
La Fiscalía dispone de correos electrónicos de los que se desprende que el consejero de Atresmedia estaba al tanto de la actividad de Zed encaminada a la obtención de ayudas públicas. En uno de esos mensajes, Pérez Dolset informaba a Casals de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas del Programa Avanza, del Ministerio de Industria. El directivo de Zed terminaba su mensaje diciendo a Casals: "Toda la ayuda que nos puedas prestar será bien recibida como siempre".
En otro correo, Pérez Dolset envía a su padre, Juan Pérez Ramírez, y a Mauricio Casals el borrador de un mensaje que iba a ser enviado a Juan Abascal, entonces director adjunto del gabinete del ministro de Industria, Miguel Sebastián, en relación con la concesión de un préstamo del ICO.
Otro apartado relativo al consejero de Atresmedia en la querella de la Fiscalía se refiere a una comparecencia realizada por Javier Pérez Dolset ante la Policía Judicial "para denunciar las presiones que se estaban ejerciendo sobre su persona por parte de Mauricio Casals".
"Intimidaciones"
"Según el denunciante", señala la querella, "estas presiones se concretaron en el anuncio intimidatorio de que si Javier Pérez Dolset comunicaba a las autoridades hechos irregulares o ilícitos del grupo Planeta, los referidos se encargarían de verter informaciones negativas sobre él, para lo cual utilizarían los medios de comunicación del Grupo A3 Media".
"Estas presiones se incrementaron tras la detención de Peter Wakkie [administrador de Zed +, matriz holandesa de Zed], apareciendo publicaciones en La Razón, El Periódico de Cataluña y Voz Pópuli con referencias negativas, difamatorias y falsas contra la
persona del dicente y su familia", afirmó Pérez Dolset. "La amenaza actual consistiría en trasladar este tipo de informaciones a medios de gran difusión como son los canales Antena 3 y La Sexta, sobre los que Mauricio Casals tendrían gran control".
Anticorrupción indicaba en su querella que "el temor que le ocasionan a Pérez Dolset estas advertencias viene determinado porque, según manifestaciones del denunciante que constan en las diligencias de investigación, se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años por parte de Mauricio Casals utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos".
El antecedente de Lezo
Casals tuvo que acudir a declarar a la Audiencia Nacional el pasado 20 de abril en el marco de la operación Lezo. Se le imputaba haber utilizado a los medios de comunicación bajo su control para presionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el fin de que no denunciase a la Justicia actuaciones presuntamente ilícitas relacionadas con el exdirectivo del Canal de Isabel II Edmundo Rodriguez Sobrino, consejero de La Razón.
El entonces instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, retiró la acusación contra Casals cinco días después tras la declaración por escrito prestada por Cifuentes, en la que afirmó que "no se sintió" coaccionada por el consejero de Atresmedia.