El Tribunal Constitucional ha anulado, por invadir las competencias del ejecutivo central, el decreto de la Generalitat valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, una norma que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular.

El alto tribunal suspendió el decreto en 2015, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego levantó esta suspensión. De modo que desde entonces ha estado en vigor. Ahora, en su fallo definitivo, considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye e invade las del Estado central.

En su recurso,  Moncloa argumentaba que el decreto no sigue los criterios fijados en la ley estatal que regula las bases a partir de las cuales puede actuar el ejecutivo autonómico.

La norma valenciana da acceso a la Sanidad Pública a extranjeros mayores de edad, sin autorización para residir en España pero con residencia en algún municipio de la región.

Por contraste, la norma estatal permite a los extranjeros sin papeles acceder a la Sanidad, pero solo en determinados supuestos y circunstancias concretas: es decir, no de una manera generalizada.

Así, el Constitucional considera en su sentencia que lo que lleva a efecto la norma valenciana "es una ampliación de la cobertura sanitaria (...) no contemplada por la normativa estatal".

La sentencia cuenta con un voto particular contrario al fallo emitido por los magistrados progresistas del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Maria Luisa Balaguer Callejón.

A este voto particular se suma el del magistrado Antonio Narváez, también contrario al criterio de la mayoría porque considera que la actuación del ejecutivo valenciano no fue más allá de las competencias que le atribuye su Estatuto de Autonomía.

Tras conocer la decisión del Constitucional, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, tacha de "profunda inhumanidad" que el Gobierno no quiera legitimar el derecho que tienen los ciudadanos a una sanidad universal y ha avanzado que se buscarán otras vías para impedir "que se eche a nadie del sistema".

"Cualquier persona que entre en un hospital o centro de salud de la Comunidad Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria", ha defendido Puig.