La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García-Castellón, que otorgue la condición de investigados (imputados, según la anterior denominación legal) a Pedro Calvo y Juan Bravo, que fueron consejeros de Medio Ambiente y Hacienda en el Gobierno de Madrid que presidió Alberto Ruiz-Gallardón, y a Arturo Canalda, exdirector gerente del Canal de Isabel II.

Anticorrupción aprecia indicios de criminalidad en los tres citados y en otras 16 personas, que en su mayoría fueron consejeros del Canal, por las "irregularidades" detectadas en la compra de la sociedad colombiana Inassa, con la que la empresa de aguas madrileña comenzó su expansión internacional.

La Fiscalía no propone en el escrito remitido al instructor la citación de Ruiz-Gallardón, que la semana pasada compareció en la Asamblea de Madrid para explicar la adquisición de Inassa, operación que defendió. En contra de las filtraciones atribuidas al anterior fiscal del caso sobre la inminencia de la citación de Gallardón, Anticorrupción ha decidido comprobar qué información tuvo el Gobierno de Madrid sobre la compra de la empresa colombiana, entre otras diligencias, antes de plantearse la declaración como investigado de quien presidió el Ejecutivo autonómico.

La propuesta de investigar a Canalda se justifica por Anticorrupción en su "participación esencial", junto a Pablo López de las Heras y José Antonio de Cachavera, en la gestación y ejecución del proceso de adquisición de Inassa. 

Junto a ellos, el fiscal quiere se declaren como investigados los miembros del consejo de administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 votaron a favor de la compra de Inassa. Entre ellos están Bravo y Calvo.

Para la Fiscalía, el resultado de la investigación practicada hasta este momento

evidencia "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo

el proceso de adquisición" de la sociedad colombiana.

"Claros indicios" de sobreprecio

Las irregularidades se centran, de un lado, en la forma en que se planificó y ejecutó

la compra y, de otro, en la determinación del precio y restantes condiciones estipuladas en el contrato, ya que la Fiscalía aprecia "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración [de Inassa] y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar al haberse financiado esta operación con fondos públicos" de la Comunidad de Madrid.

Para la Fiscalía, la compra de Inassa "se realizó contraviniendo de plano" los acuerdos adoptados por el consejo de administración del Canal al autorizar la operación y por el Consejo de Gobierno regional cuando la aprobó el 29 de noviembre de 2001. Además de "excederse en el objeto autorizado" (al adquirirse, junto con el 75% del capital social de Inassa, el 51% de una sociedad dominicana llamada Watco), la compra de la empresa colombiana no se hizo directamente, sino que se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal, Panamá.

De esta forma, lo que se compró en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña llamada Sociedad de Aguas de América SA (SAA), propietaria de los porcentajes de acciones de Inassa y Watco que se transmitieron al Canal.

Anticorrupción implica en las irregularidades a Canalda, Bravo y Calvo, entre otros,  porque día 8 de octubre de 2001 el consejo de administración del Canal aprobó la propuesta del primero de presentar una oferta para la compra de Inassa a través de una sociedad vehículo que se constituiría con otros socios españoles. El Canal facultó a Pedro Calvo, presidente del consejo de administración; Canalda, director gerente; José Antonio de Cachavera, director económico, y Juan Pablo López Heras, subdirector de nuevos negocios, para negociar y presentar ofertas en la licitación internacional de Inassa.

Gestiones ocultadas

Pero "lo cierto es que, con anterioridad a dicha autorización, Canalda, Cachavera y López Heras ya estaban gestionando y negociando la adquisición de esta sociedad colombiana de una forma distinta a la que plantearon en este consejo, concretamente mediante la utilización interpuesta de la sociedad panameña" SAA, y ello pese a que distintos informes manejados por el consejo de administración del Canal desaconsejaron la utilización de este vehículo, afirma la Fiscalía.

El Gobierno de Gallardón dio luz verde a la compra de Inassa el 29 de noviembre de 2001 y en el acuerdo no se incluía ninguna autorización para adquirir la panameña SAA ni ningún activo distinto al 75% de acciones de la sociedad colombiana.

La Fiscalía subraya en su escrito al juez instructor que hasta el momento no se han incorporado a las diligencias ni el acta de la reunión del Consejo de Gobierno regional de esa fecha ni la concreta documentación de la que dispusieron Ruiz-Gallardón y los consejeros.

A su juicio, se trata de una "información esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron este acuerdo".