Los responsables de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado han abierto diligencias para saber quién está detrás de los numerosos incendios que se desatan cada año en plantas de gestión de residuos de nuestro país.
En 2017 han ardido 57 plantas de almacenamiento de neumáticos, basura, plástico, ropa, papel y cartón o vehículos de desguace, según los datos recopilados por el partido ecologista Equo, particularmente sensibilizado en estos asuntos. Las cifras respecto a los años anteriores (32 incendios en 2016, 18 en 2015, 12 en 2014, 17 en 2013 y 10 en 2012) aportados por la formación revelan un claro ascenso de este tipo de incidentes.
Algunas de las plantas han llegado a arder hasta cuatro y cinco veces, lo que hace pensar en un proceder delictivo y la posible búsqueda de beneficio económico.
El Ministerio Público investigaba estos hechos, según ha podido saber EL ESPAÑOL, antes incluso de que Equo presentara una denuncia el pasado 12 de diciembre en la Fiscalía General del Estado. En ésta pedían que se investigaran estos incendios que "son causa de emisiones contaminantes altamente tóxicas que pueden afectar a poblaciones colindantes e incidir negativamente en la salud de sus habitantes, así como en el Medio Ambiente".
Fuegos de punta a punta de España
En la misma denuncia, Equo también apuntaba que detrás de algunos de estos fuegos "pudiera esconderse un interés económico para deshacerse de unos residuos por la vía rápida sin darles el tratamiento adecuado". También consideran que debe haber investigaciones policiales en cada uno de esos fuegos así como un sistema de control y vigilancia por parte de las instituciones regionales bajo las que se encuentra la supervisión de estas plantas.
Prácticamente ninguna provincia se ha librado de este tipo de incendios desde el año 2012. El más impactante fue el de la mayor planta de neumáticos de Europa, situada junto a la ciudad dormitorio de Seseña (Toledo) que levantó el empresario de la construcción Francisco Hernando, conocido como El Pocero.
Allí ardieron casi 5 millones de ruedas acumuladas desde los años 90. Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid han terminado de retirar los restos más de un año después de que se desatara y todavía no se ha podido identificar al autor o autores. Una pelea entre cuñados llevó a los investigadores a seguir la pista de un sospechoso (el único imputado) que resultó no ser el responsable: su familiar le inculpó por venganza.
A raíz de aquel caso, este diario pudo saber por fuentes del negocio de la recuperación de neumáticos que existen grupos dedicados a la recolecta de ruedas de gran tamaño para obtener pagos por ello y que después arrojan los neumáticos en vertederos ilegales.
Pero antes del incendio en Seseña, nuestro país registró al menos 59 fuegos en plantas de reciclaje de plástico, caucho o papel, repartidos por todo el territorio. En municipios como Lucena (Córdoba), Ceutí (Murcia), Alboraya (Valencia), Vall d'Alba (Castellón) o Chiloeches (Guadalajara) las mismas plantas de reciclaje ardieron varias veces, siendo el caso de Chiloeches el más preocupante. Solo en 2016, la misma planta de tratamiento de residuos peligrosos, que ha operado en el municipio alcarreño durante años de manera ilegal, quedó arrasada en cinco ocasiones, una situación que investiga la Justicia castellano-manchega.
La nave había sido clausurada en junio de 2016 por irregularidades y aun así almacenaba en agosto del mismo año -cuando se produjo el incendio más aparatoso- unas 20.000 toneladas de disolventes y desinfectantes.
La Fiscalía General del Estado pone ahora la lupa sobre esta situación, con graves consecuencias medioambientales y para la salud de quienes viven cerca de las plantas de reciclaje.