El Ministerio Público, representado por los fiscales Rafael Palencia y Consuelo Madrigal, se mantienen firmes en su petición de que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, continúe en prisión preventiva.
Después de escuchar su alegato de unos dos minutos este jueves ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, así como las alegaciones de su abogado, Andreu Van den Eynde, han mantenido que debe continuar en la cárcel.
El mensaje pacifista de Junqueras, quien ha asegurado ser un hombre "de convicciones y de diálogo" no ha sido suficiente para ablandar el ánimo con la que ya acudían a la vista. Durante ésta, han vuelto a repasar con minuciosidad el papel de Junqueras en el procès según el documento Enfocats, en el que se presenta a todos los actores del núcleo duro del proceso independentista, así como las anotaciones de la agenda de su número dos en la consejería de Hacienda, Josep María Llové.
Tan extensa ha sido la exposición de los fiscales que tanto los abogados de la acusación como los de la defensa han coincidido, según ha podido saber EL ESPAÑOL, en que más bien ha parecido un informe de conclusiones de un juicio.
Violencia y riesgo de reiteración delictiva
Para la Fiscalía nada ha cambiado: los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de rebelión (con la violencia que éste conlleva), de sedición y de malversación. Existen datos objetivos indiciarios suficientes que acreditan la participación de Junqueras en estos hechos como promotor e impulsor y existe riesgo de reiteración delictiva porque el exvicepresidente catalán no se ha "comprometido con la legalidad constitucional ni ha hecho ninguna renuncia al uso de vías ilegales para la defensa de su proyecto político".
Tampoco ha servido de nada la petición que Junqueras ha hecho para que "le dejen representar a quienes le han votado". Para el Ministerio Público, el resultado de las elecciones del 21D no puede presentarse como un "salvoconducto" o una "moneda de cambio para salir de prisión", como ha manifestado el fiscal Zaragoza durante la vista.
En este sentido, han explicado que "el derecho a la participación política que le ha permitido ser diputado electo no supone justificación suficiente para eludir la situación de prisión en la que se encuentra".