¿Les importa a los políticos la Justicia?

Hace ahora 10 meses que comenzó sus trabajos la subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados con el objetivo de trazar, de forma consensuada entre las fuerzas políticas, las líneas de acción de una "inaplazable" reforma "integral" de la Justicia española "en todas sus dimensiones", decía la propuesta de creación, formulada por el PP. Los representantes de Podemos abandonaron la subcomisión en noviembre alegando que, a su parecer, no avanzaba lo suficiente y los acuerdos eran excesivamente genéricos. El pasado 19 de diciembre fue el grupo de Ciudadanos el que hizo cuestión de dos puntos sensibles: el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la propuesta para la designación del fiscal general del Estado.

La subcomisión debió haber acabado su tarea a los seis meses de su constitución. Medio año para concretar cuáles deben ser los objetivos para la transformación de un ámbito tan requeteestudiado como la Justicia hubiera debido ser más que suficiente si sus señorías le hubieran dado la prioridad que merece. Si en algo tiene toda la razón la enfática iniciativa del PP es que en los últimos 40 años España ha llevado a cabo modernizaciones estructurales en todos los ámbitos (administración tributaria, sanidad, infraestructuras, Ejército, organización territorial...) menos en la Justicia, que sigue regida por una planta y unos códigos procedentes ¡del siglo XIX!

La Justicia es, ciertamente, la gran reforma pendiente de nuestra democracia y resulta intolerable que se sucedan las legislaturas sin que nuestros políticos sean capaces de ir más allá de los parches legislativos o de la aprobación de leyes sin medios suficientes para aplicarlas. Si se tratara, en vez del Congreso, de una empresa en la que importaran los resultados y el nivel de eficacia, los parlamentarios habrían sido invitados hace tiempo a buscarse otra ocupación. 

El nuevo horizonte para la entrega del dictamen es marzo, pero el contenido de uno de sus apartados más relevantes -el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial- es incierto y aún más dudosos los apoyos que el texto obtendrá. Esta misma semana los diputados volverán a reunirse para intentar salvar el escollo surgido con el CGPJ y el fiscal general, pero el entendimiento será imposible si cada uno se enroca en su propia posición como si fuera la única posible, la más legítima o la más razonable. Nuestra democracia aporta ejemplos de pactos mucho más complicados (los acuerdos de La Moncloa o la propia Constitución) que fueron posibles. Que el de la Justicia no lo sea es una vergüenza que cuelga del debe de los políticos.

Los grupos mayoritarios no otorgan trascendencia a la salida de Podemos de la subcomisión, quizá haciendo el cálculo político de que la formación morada parece ir de capa caída. No sé si es así, pero lo que es constatable es la falta de aportaciones relevantes de Podemos en materia de Justicia, un ámbito en el que se mueve dentro de los improductivos márgenes de la demagogia.

Es sorprendente que Podemos abandonara la subcomisión (de lo que los demás grupos se enteraron por un teletipo, cuánta educación) y acto seguido presentara una moción para reclamar -por cierto, con el mismo carácter de generalidad del que se queja- "un plan de modernización y racionalización de la Administración de Justicia, con su correspondiente previsión presupuestaria, que tenga como objetivos convertirla en un servicio público del siglo XXI". ¿Pero no se integró en la subcomisión para hacer exactamente eso?

Se lo afeó a Podemos, durante el debate de la moción por el Pleno del Congreso, el portavoz socialista, Juan Carlos Campo, que sí sabe de Justicia: "Ustedes participaron en la Comisión de Justicia de diciembre de 2016 en la que por unanimidad -es decir, estaban ustedes- se aprobó solicitar la creación de una subcomisión para fijar la estrategia y modernización de la Justicia. En febrero de 2016 este Pleno aprobó por unanimidad -y estaban ustedes- la creación de esta subcomisión. La subcomisión ha venido desarrollando sus muchos trabajos (...) ¿Dónde queda todo eso? Las reglas del juego las marcamos y las tenemos que cumplir".

A Ciudadanos le pasa lo contrario que a Podemos: está crecido. Los mayoritarios leen en esa clave el hecho de que haya dejado en el aire su apoyo a todo el dictamen de la subcomisión, condicionándolo a que los demás asuman su tesis en cuanto a la elección de los vocales del CGPJ por y entre los jueces, sin intervención alguna de las Cortes, y en cuanto a la propuesta de nombramiento del fiscal general por dos tercios del Congreso.

No estaría de más que, con un poco de humildad, Ciudadanos se acordara de que hoy por hoy tiene 32 diputados en una Cámara de 350, el 13,05% de los votos. Quizá también recuerde que no hace tanto (programa electoral de 2015) propuso ni más ni menos que la supresión del Consejo General del Poder Judicial. Sus funciones, según Ciudadanos, serían asumidas por el presidente del Tribunal Supremo elegido -atención- por el Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios. Estupenda forma de despolitizar la Justicia, sin contar con el carajal de poner de acuerdo a 233 diputados en torno a un único nombre (y qué nombre, el del responsable único y absoluto del Poder Judicial). Por cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, para cuya elección son necesarios 'sólo' tres quintos, ha estado bloqueada varias veces durante más de un año la renovación del TC. Imagínense la misma situación con el órgano de gobierno de un poder del Estado y encima de carácter unipersonal.

La ocurrencia fue abandonada en el programa electoral de 2016. Sabia rectificación. Ciudadanos propuso entonces que los 12 vocales del CGPJ de origen judicial fueran "elegidos directamente por los jueces y magistrados". Conviene recordar que este planteamiento se recogió con esa misma formulación en el acuerdo PP-C's de agosto de 2016 y pacta sunt servanda. De la inteligencia política de PP y Ciudadanos dependerá ahora plantear al resto de las fuerzas políticas -señaladamente al PSOE- un sistema de elección que permita a todos sentirse cómodos, aunque no satisfaga a cada uno plenamente. En ese equilibrio está la clave de que el Consejo General del Poder Judicial -el órgano constitucional peor tratado por el legislador desde 1980- encuentre, por fin, su estabilidad. Y eso es lo que importa.

La exigencia de que el fiscal general sea elegido por dos tercios del Congreso es una innovación de última hora. Lo que Ciudadanos decía en su programa electoral de 2016 es esto: "El fiscal general del Estado deberá contar con al menos 20 años de ejercicio y no haber tenido vinculación con ningún partido ni ningún cargo político o administrativo. Una comisión del Congreso seleccionará una terna de candidatos con mayoría reforzada entre los que el Gobierno elegirá al fiscal general".

Lo anterior fue, a su vez, una innovación sobre el programa electoral de 2015, en el que se recogía que "Ciudadanos propone, en caso de modificación constitucional, el nombramiento (sic) del fiscal general por una mayoría de tres quintos, a propuesta (sic) del Gobierno".

Ciudadanos defiende ahora que la elección del responsable del Ministerio Público sea por dos tercios y sostiene, a diferencia de lo que plasmó en 2015, que para ello no hace falta reformar la Constitución, es decir, que el Gobierno puede mantener su facultad de proponer al fiscal general aunque, eso sí, condicionada al nombre que vote el Congreso (lo cual, creo yo, vacía por completo de contenido la competencia del Ejecutivo). Un paralelismo surge de inmediato: mutatis mutandi, ¿aceptaría Ciudadanos mantener la actual facultad de las Cámaras para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos antes "directamente" por los jueces? ¿O el esquema que vale para el fiscal general no sirve para el CGPJ?

Las fuerzas políticas están obligadas a no someter a instituciones esenciales en la arquitectura constitucional a vaivenes legislativos que lastran su funcionamiento y quiebran la confianza ciudadana. Tendrían que comprometerse a un acuerdo que dé estabilidad a reformas que necesariamente requerirán varias legislaturas para su desarrollo. Por eso si su mirada se queda en el corto plazo ésta será otra legislatura decepcionante.