El Supremo aborta una maniobra de abogados de Puigdemont para negociar la vuelta

El Tribunal Supremo ha cortocircuitado de forma tajante un acercamiento extraprocesal que han intentado realizar abogados relacionados con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y con exconsejeros que se encuentran huidos en Bélgica desde el pasado 30 de octubre.

Según ha sabido EL ESPAÑOL, una abogada vinculada a despachos de Madrid y Barcelona que se encargan de la defensa de los prófugos telefoneó al tribunal con la pretensión de hablar de su "retorno" con el magistrado Pablo Llarena, instructor del procedimiento penal abierto por presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos tras la proclamación de la independencia de Cataluña por el Parlament.

La letrada no pudo en ningún momento acceder al magistrado, que, una vez informado de la llamada, se negó a atenderla. Llarena ordenó además que todo intento de contactar con él al margen de los cauces procesales sea rechazado, dado que la forma de comunicarse con el tribunal debe ser por escrito, tal como establece la ley.

La inminencia de la constitución del nuevo Parlamento catalán surgido de las elecciones del 21 de diciembre, en el que el bloque independentista conserva la mayoría aunque en condiciones precarias, puede haber determinado este insólito movimiento de aproximación al Supremo.

Puigdemont quiere ser investido presidente, pero el equipo jurídico que le asesora a él y a los cuatro exconsejeros prófugos le ha hecho saber que, incluso en el supuesto de que logre la investidura, no podrá ejercer el cargo en Cataluña porque en el momento en que pise España le espera una "amplia temporada" en la cárcel.

Los abogados consideran que el único lugar en el que el expresident se encuentra seguro es Bélgica. Los defensores cuentan con la reactivación de la orden europea de entrega y de la orden de detención internacional si se traslada a cualquier otro país. Pero la permanencia en Bruselas sólo permitiría a Puigdemont ejercer un control en diferido, y en todo caso remoto, del Govern y de la mayoría del Parlament. Encontrar una solución extraprocesal para la vuelta se alzaba como una opción a intentar, aunque el Supremo la ha abortado nada más ser insinuada.